El Tribunal Administrativo de Navarra dio a conocer, el pasado 23 de agosto, una sentencia favorable al PSN, referente a un recurso interpuesto sobre las contribuciones urbanas del primer semestre de 2.005 y en la cual se anula la liquidación de dichas cuotas y se aprueba “la devolución a los contribuyentes de las cantidades indebidamente ingresadas, más los intereses por ellas devengas”, tal y como se cita en la resolución.
UPN
Segun los cálculos estimados por el grupo socialista, el Ayuntamiento deberá devolver “alrededor de un millón de euros a los vecinos de Tudela” conseguido gracias al incremento de los nuevos valores catastrales, que duplican el total de la valoración ponencial del global de la masa urbana. Una cifra que no se corresponde con los datos públicos aportados desde la Tesorería municipal, que dicen que en 2004 se liquidaron 2.193.813,96 de euros y en 2005 fueron 2.374.138,96. A pesar del baile de cifras, los socialistas entienden que hubo una gravedad en el incumplimiento de las formas, de la que se avisó al grupo de gobierno, pero con la que se siguió adelante y que prueba “el modelo de gestión ineficaz de los recursos municipales que no preservan los derechos del ciudadano”. Para que el cobro de esos impuestos hubiera seguido el procedimiento adecuado se debería haber notificado el año anterior, es decir durante el 2.004 y de manera individual, sobre los nuevos valores catastrales, algo que el consistorio no llevó a cabo hasta el año pasado. “Esto es una nueva prueba de la ineficacia en la gestión de los recursos municipales que finalmente afecta a los ciudadanos de Tudela. La prepotencia que les da la mayoría absoluta hace que UPN nunca haga caso a la oposición”, señalaba Mª Gracia Iribarren. Actualmente está pendiente de resolución otro recurso sobre las contribuciones del segundo semestre.
El Concejal de Hacienda, José María Navarro, confirmaba que el proceso “se llevó a las comisiones pertinentes y que los técnicos del Ayuntamiento le dieron el visto bueno”. Sin embargo aseguraba que “sólo se trata de un fallo procedimental, no es una cuestión política, así que el departamento Jurídico lo estudiará y veremos si hay que recurrirlo”.
