Cerca de 100 trabajadores de los centros tudelanos de atención a discapacitados La Atalaya y Vencerol salieron a la calle la pasada semana reclamando que el Gobierno de Navarra acabe con la situación de "bloqueo" que vive el convenio del sector, y que está afectando a otros 800 trabajadores más en el resto de Navarra. Los sindicatos CC OO, UGT, ELA, LAB y Solidari fueron los convocantes.
Sometidos a una congelación salarial permanente desde 2010, los trabajadores sociales de estos centros concertados piden que el ejecutivo foral retome su papel en las negociaciones con las empresas,
ya que "se desentienden de mejoras en el convenio que tengan que ver con todo lo que se traduce en dinero".
En una comparecencia en el Parlamento, posterior a las manifestaciones, los representantes sindicales de las empresas abogaron por una "mayor implicación" para buscar fórmulas que aseguren que el convenio sectorial sea la "referencia obligada" a respetar por las empresas del sector.
Así mismo, solicitaron que se asegure la "dotación de los recursos económicos necesarios y el control específico sobre los mismos", ya que se trata de "dinero publico" además de una normativa de contratación específica que establezca "un módulo salarial en los contratos que preservara de la especulación de las empresas las condiciones laborales de los trabajadores", indicaron.
