Una nave municipal del polígono industrial, adquirida el 30 de octubre de 2007 por el Ayuntamiento, es el último tema polémico en la localidad de Tarazona.
Respuesta del alcalde
“La compra de esta nave tenía como finalidad el facilitar el asentamiento de nuevas empresas en nuestra ciudad. Así fue anunciado públicamente por el señor Beamonte”, declaran los socialistas, quienes se mostraron de acuerdo con esta decisión. El problema llega en el pleno del mes de enero, cuando, después de constatar la existencia de obras en la nave y sin tener conocimiento de su arrendamiento o de cualquier otra iniciativa municipal, el PSOE pregunta “acerca de una resolución de alcaldía por la que se concedía licencia a un particular para llevar a cabo obras de adecuación de las instalaciones”, declaran. “El procedimiento no puede ser calificado sino de irregular, puesto que no cabe la cesión gratuita o en precario”, aseguran. Y se apoyan en la Ley de Administración Local de Aragón, en su artículo 184: el arrendamiento y cualquier otra forma de uso de los bienes patrimoniales se regirán por la normativa reguladora de la contratación, es decir, de la Ley de Contratos, bajo el principio de libre concurrencia.
“Poco serias y con la única finalidad de empañar y paralizar el desarrollo industrial de la ciudad”. Esta es la calificación del alcalde de Tarazona, Luis Mª Beamonte, realizadas sobre las acusaciones de irregularidad realizadas por el grupo municipal socialista.
Beamonte subrayó que el procedimiento llevado a cabo en esta cesión está ajustado a la legalidad, “la adjudicación de cesión de la nave se hizo a una empresa de forma directa, con el amparo que otorga la Ley 33/2003 de Patrimonio de las Administraciones Públicas, que es básica y se desplaza a toda la normativa autonómica y al reglamento de bienes estatal”. Asimismo, desmintió la afirmación en la que se asegura que la cesión ha sido gratuita: “deberían haber acudido al expediente para conocer que la empresa va a efectuar en contraprestación por esta utilización, inversión en cuantía importante, de conformidad con el informe de los servicios municipales, valoración que supera el 6% mínimo que marca el reglamento de bienes de las entidades locales de Aragón”.
