El jueves 16 de mayo se inició un pulso de tremenda importancia entre el Gobierno Popular y el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN). Lo que realmente estaba en juego en esta pugna no era la continuidad de la central nuclear de Garoña más allá del 6 de julio de 2013 (fecha del cese definitivo de su explotación), sino la credibilidad y la independencia de este organismo regulador. El pulso ha durado nada menos que una semana entera y ha terminado, el pasado 24 de mayo, con una victoria del Gobierno (de la mano del lobby eléctrico y nuclear) sobre el CSN, sobre su credibilidad técnica y sobre la buena práctica reguladora en seguridad nuclear.
El Gobierno ha torcido el brazo del CSN y éste, aunque no por unanimidad, se lo ha dejado torcer, y finalmente ha aceptado, en contra de sus propios criterios técnicos, permitir que Garoña funcione más allá del próximo 6 de julio, sin hacer previamente una adecuada evaluación de las condiciones de la central ante esa nueva situación. Ello supone un grave precedente del que podrían derivarse importantes consecuencias todavía difíciles de predecir.
Nuclenor, la compañía propietaria de Garoña, que es participada por Iberdrola y Endesa con un 50% cada una, tuvo el año pasado la ocasión de solicitar una renovación de su permiso de explotación hasta el 2019. Una oportunidad de oro que le proporcionó graciosamente el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) mediante la Orden IET/1453/2012, de 29 de junio, que revocaba parcialmente otra de 2009 del anterior Gobierno que establecía el cese definitivo de la actividad de esta central el 6 de julio de 2013. Sin embargo, Nuclenor decidió no aprovechar esa oportunidad y dejó pasar el plazo establecido (el 6 de septiembre de 2012) para solicitar la renovación.
Hay que decir no obstante que unos días antes de que venciera este plazo, Nuclenor, argumentando supuestas incertidumbres regulatorias, pidió en dos ocasiones (el 14 de agosto y el 3 de septiembre de 2012) al MINETUR, y éste a su vez al CSN, una prórroga hasta el 5 de noviembre de 2012 para la presentación de dicha solicitud de renovación hasta el 2019, pero el CSN no lo aceptó, objetando que retrasar más allá del 6 de septiembre la presentación de la solicitud impediría al Consejo “llevar a cabo la revisión, evaluación e inspecciones que procedan” y que ello “afectaría negativamente al rigor y la profundidad de la revisión del CSN”. El CSN comunicó entonces claramente al Gobierno que el tiempo que necesitaba para analizar y tomar una decisión sobre la renovación de una autorización de explotación de una central nuclear es de un año, y que los 9 meses en que este análisis se iba a hacer en Garoña era un caso límite. Pero que en menos tiempo era imposible acometer este trabajo.
Tras esta negativa del CSN a las pretensiones del MINETUR y de Nuclenor, ni ésta, ni Iberdrola ni Endesa impugnaron la decisión en vía administrativa o ante los tribunales, con lo cual el CSN siguió trabajando con el único escenario del 6 de julio de 2013 como fecha legalmente vigente de cierre definitivo de la central. El CSN exigió a Nuclenor que antes del 6 de noviembre de 2012 presentase los documentos asociados a la declaración de cese definitivo de la actividad. Por lo tanto, desde entonces hasta el 16 de mayo de este año, el CSN y su cuerpo técnico han estado trabajando en la planificación y evaluación de este escenario de cierre. Como se verá después, inútilmente.
Posteriormente, Nuclenor decidió desconectar la central nuclear de Garoña de la red eléctrica el 16 de diciembre de 2012. En ese momento declaró que el nuevo marco regulatorio y fiscal aprobado por el Gobierno hacía inviable económicamente la central. Se refería en concreto a los nuevos impuestos sobre la producción eléctrica y el combustible nuclear gastado que se gravarían a partir del 1 de enero de 2013 con la entrada en vigor de la Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética (aprobada en el Congreso de los Diputados a finales del pasado mes de diciembre). Nuclenor calculó que este último impuesto les supondría pagar 153 millones de euros.
Así pues, en situación de “parada fría” desde el 16 de diciembre, todo parecía indicar que Garoña se encaminaba definitivamente hacia su cierre el 6 de julio de este año. Hasta que, de forma sorpresiva, el 16 de mayo pasado, el MINETUR, a instancias de Nuclenor, solicitó al CSN que informase favorablemente la modificación de la Orden IET/1453/2012. Esta modificación sugerida por el ministerio al CSN serviría para que la central nuclear de Garoña pudiera, por así decirse, permanecer abierta. Porque la modificación solicitada incluía la demanda de que se establezca que, con anterioridad al 1 de junio de 2013, Nuclenor pueda solicitar al MINETUR una renovación de la autorización de explotación, a partir del próximo 6 de julio, por un periodo de un año, en el que la central se mantendría activa pero “sin operar a potencia”, esto es, sin generar electricidad. Una solicitud que puede calificarse de extemporánea, visto que Nuclenor había dejado pasar los plazos para impugnar dicha Orden y la negativa mencionada del CSN. Una solicitud, además, que no viene acompañada de ningún análisis jurídico ni económico que la fundamente.
La petición tampoco tendría a priori sentido desde el punto de vista económico: hace sólo cinco meses Nuclenor paró la central porque no era rentable, y ahora pretende seguir con ella otro año más sin producir electricidad (ni por tanto ingresos), generando, eso sí, un importante coste como el que implica su mantenimiento.
Es cada vez más evidente que Nuclenor no quiso solicitar en 2012 la prórroga hasta el 2019 porque no le salían las cuentas. Sus numerosos problemas de seguridad (problemas de agrietamiento en diversos componentes de la vasija del reactor; incapacidad de refrigerar correctamente el núcleo del reactor incluso en funcionamiento rutinario; carencia de una balsa de aguas para servicios esenciales que, independientemente de la toma de agua que está en el río, pueda dar suministro de agua en caso de emergencia; deficiente respuesta a posibles sucesos externos, como terremotos e inundaciones; etc.) requerirían inversiones muy importantes en la instalación para que ésta pudiera seguir operando en condiciones de seguridad exigibles tras la catástrofe de Fukushima. Demasiados problemas demasiado costosos de solventar para operar sólo durante 6 años más, hasta el 2019. Pero a Nuclenor sí le podría merecer la pena hacer esas inversiones si el Gobierno le asegura que Garoña va a seguir funcionando 10, 14 ó 18 años más.
Por lo tanto, parece lógico pensar que sus dueños, Iberdrola y Endesa, deben saber algo que los demás no conocemos sobre el nuevo marco regulatorio y fiscal que está preparando el Gobierno. Las grandes eléctricas saben lo que el Gobierno se trae entre manos: una nueva ley de reforma del sector energético que fijará en 60 años la vida útil de las nucleares, o un marco regulatorio más ventajoso o un nuevo trato fiscal, o todo a la vez...
Pero esa ley no estará lista de aquí al 6 de julio de 2013 (cuando vence el permiso de explotación de Garoña) por lo que Nuclenor decide pedir un nuevo permiso de un año y así poder ganar tiempo (manteniendo mientras tanto a Garoña como un activo más dentro del sistema eléctrico) y poder acogerse a las ventajas que les traerá la nueva ley cuando ésta haya sido aprobada de aquí a unos meses. Es evidente que esto supone que estas compañías cuentan con información privilegiada proporcionada por el Gobierno. La aparentemente surrealista petición de Nuclenor para seguir un año más, desde este punto de vista, no lo es. Pero resulta escandaloso que el CSN haya aceptado pronunciarse sobre esta cuestión, a ciegas, sin conocer los planes a futuro del Gobierno sobre el parque nuclear.
Con estas hipotéticas expectativas en mente, Nuclenor mueve ficha y el 16 de mayo el MINETUR lanza la pelota al tejado del CSN, presidido ahora por Fernando Martí, quien fue Secretario de Estado de Energía con el actual Ministro de Industria, Juan Manuel Soria. Al final, por tres votos a dos, el Pleno del CSN ha transigido con la petición de Nuclenor. De esta manera, el MINETUR ha interferido en la planificación y en la toma de decisiones de un órgano regulador como el CSN, que se supone debe ser independiente, y le ha impuesto de facto una fecha para estudiar una solicitud del titular de Garoña. Además, con esta decisión el CSN se ha saltado sus propios procedimientos, y ahora tendrá que informar sobre la solicitud de Nuclenor en un plazo brevísimo, de unas pocas semanas, cuando en agosto de 2012 aseguró que necesitaba al menos 9 meses para poder evaluarla.
Una demostración más de que el Gobierno no respeta a los órganos reguladores y de que el CSN sigue siendo un organismo supeditado a los intereses del poder político y del sector eléctrico. Este tipo de injerencias y esa falta de independencia ya se dieron en Japón entre la compañía TEPCO, el gobierno nipón y la autoridad nuclear, y trajo como consecuencia la catástrofe nuclear de Fukushima.
