A partir de que el juzgado notifique a KPF Tudela su estado de liquidación y el ERE de plantilla, los trabajadores iniciarán una nueva fase de reivindicaciones y “pelearán” por que no se haga efectivo ese expediente de regulación de empleo. Así lo manifestaron los miembros del comité de empresa de la planta tudelana, que se encuentra en concurso de acreedores, y que ha visto como la dirección rechazó la pasada semana tres ofertas de compra que garantizaban la continuidad de la plantilla.
Desde el comité de KPF consideran la decisión como “unilateral” por parte de la dirección de la firma coreana y aseguran que “se niegan a aceptar la vía del ERE” para una empresa que “continúa teniendo producción” y que, en vista del interés mostrado por las empresas que presentaron ofertas, “tiene futuro”.
SKF sale a escena
Desde el comité detallaron las ofertas que ha recibido la empresa desde que se abrió el plazo por parte de la nueva administración concursal hasta su finalización, el pasado lunes 24 de noviembre. Dos de las ofertas, de KPF China y Korea DS, fueron desechadas por interesarse únicamente en “activos de la empresa (maquinaria, etc.)”. Las tres restantes, que sí contemplaban mantener a la plantilla en activo, llegaron desde Index Capital (200.000€), ISN (35.000€) y, paradójicamente, SKF, la firma que traspasó la producción de aros de rodamientos a KPF y que se ha presentado como la opción “más esperanzadora”. La actual socia de KPF ofreció 300.000 euros por unidad productiva los trabajadores y la posibilidad de abrir el plazo de ofertas de compra hasta el 27 de febrero de 2015 por si llegaba otro comprador.
No obstante, la dirección de KPF, “para sorpresa del comité y de los acreedores concursales”, rechazó en firma cualquiera de las propuestas por considerarlas “insatisfactorias”. Ahora, el comité espera la notificación del juzgado y que se abra el periodo de consultas para seguir llamando a puertas que eviten el ERE. “Seguiremos trabajando con normalidad y esperamos que la juez desestime esta opción, porque hay 91 puestos de trabajo y 91 familias en juego. Nosotros hablaremos con todos los agentes posibles para pararlo”, señalaron.
