Las 24 familias del barrio turiasonense de La Faceda, cuyas viviendas están llenas de desperfectos pese a ser prácticamente nuevas, han presentado una denuncia contra la alcaldesa de Tarazona, Ana Cristina Vera, por prevaricación continuada.
Los denunciantes acusan a Vera de no querer depurar unas irregularidades urbanísticas cometidas en el sector P-5 del Plan General, aun siendo consciente de ellas, y también de no acatar una sentencia judicial que corrobora la existencia de esas ilegalidades y obliga al Ayuntamiento a volver a liquidar las cuotas de urbanización de la zona en litigio.
Sin embargo, esta vía es solo uno de los muchos frentes abiertos en torno a estas viviendas unifamiliares. El Plan de Urbanización del año 1990, preveía la construcción de 40 viviendas y el Ayuntamiento de Tarazona entonces decidió por medio de acuerdo plenario que se destinarían íntegramente a Viviendas de Protección Oficial. Pero con los criterios de plan parcial, solamente se podían levantar 24 viviendas, con lo que se encarecía el precio del suelo y hacía imposible cumplir los parámetros de la vivienda protegida, por lo que en el año 1994, se aprobó una modificación del Plan General respecto a la construcción de Viviendas de Protección Oficial, no para los terrenos destinados a viviendas libres.
Por estos motivos es por lo que denuncian los vecinos de la zona, ya que argumentan que sus viviendas son de protección oficial, mientras que la siguiente fase, viviendas idénticas a las suyas, se hicieron libres por lo que no se respetó lo acordado en el Pleno Municipal para todo el P-5, lo que generó aprovechamientos urbanísticos irregulares. Los vecinos afectados también interpusieron un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Ayuntamiento de hacerles pagar los gastos de urbanización de las calles a partes iguales respecto a todas las viviendas de la zona. La sentencia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Zaragoza fue favorable a los vecinos y por tanto les dio la razón. El fallo del Juez, que ha sido recurrido por el Consistorio, constata que el Ayuntamiento de Tarazona concedió licencias de construcción y de ocupación a viviendas que no cumplían lo dispuesto en el plan parcial. La sentencia también sostiene que al otorgar estos permisos, el Ayuntamiento de Tarazona permitió aprovechamientos urbanísticos ilegales, bien por error, por inadvertencia o por cálculo fraudulento.
