El Gobierno está estudiando dos pautas de colaboración público-privada para la construcción de la II fase del Canal de Navarra y su zona regable, para la que contempla la posibilidad de contar con financiación privada. Una es la inversión de construir el Canal, que ejecuta la sociedad Canasa (60% Estado y 40% Navarra, financiación bancaria aparte) y otra la inversión de la zona regable que corresponde al Gobierno y a los regantes. Para financiar las obras de interés general, se pretende emplear una colaboración público-privada pura o un sistema de colaboración público privada institucionalizada. Estas reglas son la única vía que marca la legislación europea para posibilitar
la construcción de estas infraestructuras públicas.
