La consejera de Derechos Sociales, Economía Social y Empleo del Gobierno de Navarra, Mari Carmen Maeztu, ha protagonizado un cruce de declaraciones con Vox en el Parlamento foral a cuenta de la gestión del sistema de protección de menores.
El debate se ha centrado en la responsabilidad del Ejecutivo ante una agresión a un menor en un centro de protección, así como en el uso político del caso y el respeto a la confidencialidad de los menores tutelados.
En su intervención, Maeztu ha defendido la solidez del modelo navarro y ha acusado a Vox de emplear a los menores como “arma arrojadiza”, mientras que el grupo parlamentario ha sostenido que se trata de una actuación negligente.
- Debate sobre la agresión en un centro de protección
- Defensa del sistema de protección y asunción de responsabilidades
- Críticas de Vox a la gestión y al cumplimiento del protocolo
- Confidencialidad, interés superior del menor y acusación de bulos
Debate sobre la agresión en un centro de protección
Maeztu ha respondido en el pleno del Parlamento de Navarra a una pregunta del parlamentario de Vox Emilio Jiménez, que ha solicitado aclaraciones sobre si el Gobierno foral prevé asumir alguna responsabilidad por una agresión a un menor en un centro de protección. Jiménez ha calificado el episodio como revelador de una supuesta “negligencia criminal”.
Defensa del sistema de protección y asunción de responsabilidades
La consejera ha afirmado que el Gobierno de Navarra asume responsabilidades respecto de todos los menores sobre los que ejerce guarda y tutela, cerca de 700, y ha situado como marco de actuación un “horizonte ético” orientado a que los menores que viven en Navarra puedan iniciar su vida en buenas condiciones, tanto dentro del sistema de protección como en el resto de la sociedad.
En ese contexto, ha señalado que cualquier conflicto, desajuste o déficit con menores implicados debe abordarse y resolverse, con especial cuidado ante el daño que haya podido producirse.
Asimismo, ha puesto en valor un sistema de protección “robusto”, basado en recursos residenciales pequeños, organizados por tramos de edad, con dotación de personal y con un enfoque de cuidado y protección de los menores.
Críticas de Vox a la gestión y al cumplimiento del protocolo
En su réplica, Jiménez ha sostenido que la agresión a un menor tutelado no sería un caso aislado, sino el resultado de una “sucesiva sucesión” de gestiones que ha descrito como caóticas y negligentes. También ha reprochado que, a su juicio, no se habría aplicado el protocolo, al afirmar que el menor agredido se encontraba solo, sin supervisión adulta, junto a otro menor de mayor edad.
El parlamentario ha añadido que su formación no pretende instrumentalizar al menor, sino ejercer su papel de oposición mediante la fiscalización de la gestión en un asunto que considera especialmente grave.
Confidencialidad, interés superior del menor y acusación de bulos
Maeztu ha replicado que los menores bajo tutela deben ser protegidos y que, además, corresponde respetar su imagen y su vida fuera del escrutinio público. Ha subrayado que, por encima de todo, prevalece el interés superior del menor y existe el deber de preservar la confidencialidad sobre sus circunstancias personales, aludiendo a principios “legales y éticos”.
En este punto, ha acusado a Vox de no respetar esos principios y de difundir bulos sobre el peligro que, según ha dicho, se atribuye a estos menores. Ha indicado que los hechos no habrían ocurrido como se han relatado, que no hay implicado un magrebí y que tampoco se trataría de un menor de 16 años, además de expresar que espera que “no les salgan gratis” esas afirmaciones.
Por último, ha insistido en que Vox estaría “instrumentalizando” a los menores no para mejorar sus condiciones de vida, sino como herramienta de confrontación política. También ha reprochado a la formación que, en su opinión, deshumaniza y estigmatiza a los menores que llegan solos, los define como delincuentes, los amedrenta y fomenta rechazo social hacia ellos.
