- Situación de los menores en la Fundación Maestro Ávila
- Estado del centro educativo y su regulación
- Intervenciones de las administraciones y Fiscalía
- Posiciones políticas sobre la situación
Situación de los menores en la Fundación Maestro Ávila
El consejero de Educación del Gobierno de Navarra expresó preocupación por la situación de los menores vinculados a la Fundación Maestro Ávila, ubicada en Arguiñano. Este centro no cuenta con una resolución administrativa estatal que reconozca oficialmente la enseñanza impartida dentro del sistema educativo español. Por ello, el Gobierno ha anunciado que solicitará una reunión con la Fiscalía de Navarra para abordar las posibles irregularidades detectadas.
Durante su comparecencia en comisión parlamentaria, junto a la consejera de Derechos Sociales, Mari Carmen Maeztu, y a petición de EH Bildu, el consejero explicó que su departamento carece de la capacidad para establecer ciertas medidas respecto a la actividad educativa desarrollada en este centro. Por ejemplo, no pueden cerrarlo debido a la normativa vigente. La actividad del centro está documentada en el departamento desde 2014.
Los responsables de la Fundación indicaron que la enseñanza está dirigida a estudiantes en edad escolar pertenecientes a familias de la zona, atendiendo a 55 alumnos entre 3 y 18 años distribuidos en distintos niveles desde Educación Infantil hasta Bachillerato.
Estado del centro educativo y su regulación
El centro mantiene un acuerdo de colaboración con un colegio privado en Michigan y no emite títulos oficiales españoles. En cambio, los alumnos reciben un diploma de High School de Michigan, que posteriormente se puede homologar en España para obtener la equivalencia al título de Bachillerato, aunque esta homologación está en revisión y podría ser revocada.
Actualmente, el centro estudia la posibilidad de constituirse como asociado o adscrito al centro de Michigan, gestionando la homologación como centro extranjero ante las autoridades de Navarra. Sin embargo, se les ha informado que la enseñanza obligatoria requiere una autorización administrativa según la legislación vigente.
Los responsables informan que planean mudarse a las instalaciones de un antiguo centro privado adquirido recientemente. Por otro lado, no se ha acreditado la validez académica oficial de los estudios impartidos, más allá de la certificación del sistema estadounidense.
Intervenciones de las administraciones y Fiscalía
El consejero Gimeno destacó que distintas administraciones educativas, con gobiernos de diferentes colores, han tenido conocimiento de esta actividad sin poder actuar debido a las limitaciones normativas. La normativa actual no contempla actuaciones sobre centros no inscritos oficialmente ni contemplan clausuras de oficio; la autorización siempre debe solicitarla la entidad interesada.
Por ello, el departamento de Educación no puede sancionar ni clausurar el centro ni actuar contra las familias que llevan a sus hijos a estas instalaciones. La única intervención ha sido informar al departamento de Derechos Sociales para evaluar posibles situaciones de desprotección de menores.
La consejera Maeztu explicó que la identificación de menores es esencial para valorar la protección y que han solicitado colaboración a la Fiscalía, ya que la Subdirección de Infancia no tiene competencia para realizar dichas identificaciones. Solo pueden actuar ante denuncias formales y tras análisis específicos. La Fiscalía archivó el procedimiento, aunque los servicios sociales locales están alertas a posibles riesgos.
Posiciones políticas sobre la situación
La parlamentaria de EH Bildu, Eneka Maiz, manifestó su preocupación por esta situación que persiste desde 2014 y consideró que los menores están en situación de “desprotección”, por lo que pidió actuar con urgencia.
Desde UPN, Ángel Ansa condenó la violencia contra esta comunidad y defendió que la Fundación Maestro Ávila está registrada desde 2009, por lo que insistió en garantizar los derechos básicos de los menores.
Kevin Lucero, del PSOE, afirmó que preocupa la actividad educativa sin autorización oficial y que el Gobierno ha actuado dentro de sus competencias. Por su parte, Itxaso Soto, de Geroa Bai, destacó la prioridad de la protección del menor y la necesidad de un sistema regulado que pueda detectar y denunciar situaciones de riesgo.
Irene Royo, parlamentaria del PPN, pidió que se proteja el interés de los menores y se continúe trabajando conjuntamente con la Fiscalía, valorando que se ha actuado con prudencia.
Finalmente, Daniel López, de Contigo-Zurekin, insistió en que el interés superior del menor debe guiar todas las decisiones, especialmente en situaciones tan complejas y delicadas.
