El Gobierno ha decidido poner a disposición pública toda la documentación vinculada al informe sexenal sobre la conservación del lobo antes de reunir a la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente para su posible aprobación y posterior envío a Bruselas, conforme indicó el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán.
Este proceso de información pública se abrirá tras la solicitud de distintas organizaciones e incluirá tanto el informe oficial 2019-2024 elaborado por el Ministerio para la Transición Ecológica, que determina un estado desfavorable para el lobo en España, como el elaborado por la Xunta de Galicia, apoyado por varias autonomías, que sostiene una opinión contraria.
Asimismo, estarán disponibles varios documentos científicos relacionados con la conservación de la especie y los argumentos que presentan las comunidades autónomas para justificar el control letal de las poblaciones con el fin de proteger al ganado.
Que se tome un decisión solvente
Tras concluir el trámite de información pública y recopilada toda la evidencia, se convocará la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente, reunida por las comunidades autónomas y el Gobierno central.
El fin es asegurar que todos los participantes cuenten con los criterios, especialmente los científicos, necesarios para adoptar una resolución sólida y bien fundamentada. Esto es clave dado que la información remitida a la Comisión Europea debe servir como base para la gestión del lobo para los próximos seis años, según resaltó el secretario de Estado.
La comunidad científica solicitó poder revisar el conjunto de documentación que cuestiona el informe oficial elaborado por el Ministerio y exigido por la Directiva Hábitat, a lo que Morán respondió que dicho informe se realizó con base en criterios científicos y con datos proporcionados por las propias comunidades autónomas.
Negacionismo científico
El informe de Transición Ecológica se elaboró siguiendo un procedimiento estrictamente técnico y científico, similar al de informes anteriores. Sin embargo, este mecanismo fue interrumpido el año pasado tras la modificación legislativa que supuso la desprotección del lobo a través de la Ley de Desperdicio Alimentario.
Con enmiendas a esta ley, el lobo salió del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial, en el que se incluyó en 2021 y que impedía su caza y control letal. Además, se estableció que el informe sexenal debe ser validado por las comunidades autónomas antes de su envío a Bruselas.
Este cambio legislativo implica que la valoración del estado de conservación de una especie ya no se determinen por criterios científicos, sino por motivos políticos. Morán advirtió que esto valida el negacionismo científico, equiparando hechos científicos con percepciones políticas, un hecho sin precedentes en los países de la Unión Europea.
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