El consejero de Educación del Gobierno de Navarra, Carlos Gimeno, ha defendido que avanzar en la derogación de la ley foral que “blinda” los contratos del profesorado de religión supondría un paso hacia un modelo educativo más actualizado. La iniciativa se enmarca en una proposición de ley impulsada por PSN y Contigo-Zurekin.
Según ha expuesto en el Parlamento de Navarra, la modificación no implicaría despidos, sino un ajuste de los contratos a la carga lectiva real. En el debate también se han abordado el coste de horas abonadas que no se imparten, cambios organizativos previstos en los centros y la posición de varios grupos.
La discusión combina un plano de principios, vinculado a la aconfesionalidad, y otro de gestión pública, centrado en la eficiencia del gasto y en la planificación de recursos humanos en el sistema educativo navarro.
- Derogación y marco del debate
- Horas pagadas y coste presupuestario
- Ajuste de contratos y nueva organización
- Jubilaciones y acceso a ofertas públicas
- Posiciones de PSN y Geroa Bai
Derogación y marco del debate
En respuesta a una pregunta del PSN en el pleno del Parlamento de Navarra, Gimeno ha defendido que impulsar la derogación de la norma que protege de forma específica los contratos del profesorado de religión equivale a “avanzar hacia la vanguardia educativa”. Ha situado este movimiento dentro de las prioridades de su departamento para afrontar cambios de fondo en los próximos años.
El consejero ha combinado una valoración ideológica con una referencia al marco legal. Ha señalado que, desde su posición socialista, entiende que “la religión debe estar fuera de las escuelas”, pero ha añadido que, como responsable del área educativa, debe actuar considerando la legislación vigente y el respeto a las normas.
Horas pagadas y coste presupuestario
Gimeno ha puesto el foco en el impacto presupuestario del modelo actual. Según sus datos, en el curso 2025-2026 se están abonando 1.020 horas de religión que no se imparten, con un coste superior a 2,1 millones de euros, una situación que ha calificado de poco razonable.
En este contexto, ha afirmado que corresponde a la administración velar por la eficiencia y la eficacia en el uso de los recursos públicos. También ha sostenido que la derogación de la ley foral, a la que ha definido como “desigual, injusta y discriminatoria”, permitiría liberar fondos de cara a 2027 para reforzar y modernizar ámbitos como la Formación Profesional y las etapas de Infantil, Primaria y Secundaria.
Ajuste de contratos y nueva organización
El consejero ha insistido en que el cambio no se traduciría en despidos. Ha remarcado que “no se va a despedir a ningún profesor de religión” y que la finalidad sería modificar los contratos para adecuarlos a la carga lectiva que tenga cada docente.
En paralelo, ha avanzado que el Departamento de Educación está próximo a aprobar el reglamento orgánico que introduciría una nueva arquitectura en los centros educativos. Tras ese paso, ha señalado que se iniciará el trabajo sobre el decreto foral de jornada y horario, un proceso que, según ha indicado, deberá trasladarse y negociarse con las organizaciones sindicales.
Jubilaciones y acceso a ofertas públicas
Gimeno ha informado de que en los próximos tres años se jubilarán 27 profesores de religión, quedando 101 docentes en el sistema educativo. Con estos datos, ha defendido que la planificación debe contemplar tanto la estructura de personal como la carga lectiva efectiva.
Asimismo, ha rechazado que este profesorado no pueda presentarse a las Ofertas Públicas de Empleo. En este punto, ha indicado que alrededor de 50 docentes se han presentado a pruebas objetivas durante los últimos años.
Posiciones de PSN y Geroa Bai
La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha respaldado la derogación de la ley foral al considerar que no es justa ni equitativa y que tampoco representa una buena gestión de los recursos públicos. Ha defendido que la religión no debe mantenerse como una excepción permanente y ha subrayado que la propuesta no pretende ir contra nadie ni cuestionar la profesionalidad del colectivo.
Unzu ha enmarcado el debate en la aconfesionalidad, con una defensa de una educación pública laica, respetuosa con todas las creencias y basada en criterios científicos, pedagógicos y de equidad.
Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha respondido en el pleno que, si el objetivo es la aconfesionalidad y retirar la religión del aula, su grupo estaría dispuesto a acompañar esa vía. No obstante, ha señalado que, si el asunto es principalmente laboral, habría sido preferible contar antes con los datos expuestos para poder analizarlos y, en su caso, abrir un diálogo tanto con los grupos como con los docentes.
