Ha tenido bastante eco el hecho de que un semanario inglés influyente (“The Economist”) que publica un “Índice de calidad democrática”, haya afirmado que España ya no es una democracia “plena” sino “defectuosa”. Curiosamente, solo hace dos meses el presidente Sánchez había presumido ante los medios que controla de que la pandemia había servido para la regeneración democrática de España. Uno de los dos se equivoca o miente. ¿Sabe usted quién?
No queremos ser paletos ni masoquistas ni antiespañoles prestos a aceptar cualquier leyenda negra. Además, algo parecido podría decir cualquier periódico español de Inglaterra con Boris Johnson en el Gobierno. Pero el semanario tiene razón e incluso se ha quedado muy corto. La nota anterior que nos puso fue un 8,12. La actual ha sido un 7,94. En nuestra humilde opinión, la cosa es muchísimo peor.
El Economist basa su rebaja en tres apartados: en el auge del independentismo catalán, en los “escándalos de la corrupción política” y en la falta de independencia del poder judicial, y en concreto en el hecho de que los partidos no se hayan puesto de acuerdo para renovar ellos el Consejo General del Poder Judicial. En lo del independentismo hay que estar de acuerdo. Los continuos incumplimientos de la ley por parte de los independentistas son descaradamente antidemocráticos. Pero que Sánchez gobierne con ellos es aún peor, y debería ser uno de esos “escándalos de corrupción democrática” que menciona el semanario. En todo país decente sería inaceptable. El paquete podrido de la corrupción política es en el caso de Sánchez enorme y repugnante. Es corrupción política también su gobernar con exterroristas no arrepentidos y con los que ayudaron a crear el infierno venezolano. Y el compadreo descubierto por la Guardia Civil entre Marlasca y los etarras a propósito de qué ha de darles a los presos de ETA. Y los privilegios a las regiones gobernadas por los que quieren acabar con España. Y su mesa de diálogo con los independentistas como si España y Cataluña fueran dos Estados distintos. Y el hecho de que no se pueda estudiar en español en la enseñanza pública en Cataluña y pronto en Euskadi, Valencia y Baleares. Y el acoso tolerado al niño y padres que exigen un mísero 25% de enseñanza en castellano. Y la ilegalidad de los estados de alarma. Y el cierre del Parlamento en la pandemia. Y el cese del coronel Pérez de los Cobos por cumplir la ley guardando el secreto de una investigación. Y la cadena enorme de mentiras de Sánchez. Y tantas otras cosas que no repetimos por no agobiar y casi aburrir.
En lo de la escasa independencia del poder judicial, el semanario se queda muy corto. Para empezar, que los políticos nombren (controlen) a la cúpula del poder judicial dificulta o impide la independencia de los jueces, y eso es más propio de dictaduras que de democracias. Además, Sánchez ya presumió en una entrevista muy divulgada de que iba a acabar con la independencia del Fiscal General del Estado, y lo hizo nombrando a la exministra socialista Dolores Delgado, consiguiendo así que muchas de sus actuaciones hayan sido parciales, sumisas al Gobierno, contrarias a la independencia judicial, a la democracia. Y exhibió sus afanes antidemocráticos cuando quiso nombrar, ayudado por Podemos, a los miembros del Consejo General del Poder Judicial, o sea controlar él a los jueces, algo propio de un dictador (afortunadamente en Europa se lo impidieron).
Cuando se publicó lo del Economist, muchos pensamos: “¿habrán empezado fuera a darse cuenta de la calaña del personaje?” Sería muy necesario. Parece que en EEUU le van cogiendo la medida, porque Biden lo ha excluido en sus consultas con jefes de Gobierno europeos sobre Ucrania. Con él en el Gobierno, España es un cero a la izquierda en el terreno internacional. Aunque lo fundamental es que nos demos cuenta los españoles.
