Siempre nos hemos mostrado críticos frente al modelo de Europa que imponen los Estados y las élites socio-políticas europeas. Nos hemos manifestado claramente en contra de la Constitución de la Unión europea, porque pretende afianzar una estructura difusa y sin nervio, dirigida a mantener el actual equilibrio interior de los Estado europeos, junto con las influencias regionales creadas por tales Estados a lo largo de la Edad Contemporánea. Lo que nos disgusta de la actual Unidad europea es el diseño que se ha hecho de la misma y los diferentes pasos que se han dado en su configuración. La construcción de Europa se ha abordado desde una perspectiva tecnocrática. Los responsables del diseño de Europa han insistido en la importancia de los aspectos económicos, que deben quedar en manos de expertos. En realidad tal planteamiento permite que sean los grupos de presión económica quienes indiquen a los responsables políticos el camino a seguir. De esta manera se margina de la toma de decisiones a la colectividad. Esto es posible gracias al procedimiento seguido hasta el momento, de dejar el debate y decisión de los contenidos de los diversos tratados en manos de los más altos responsables ejecutivos estatales. Se entiende que en las primeras fases de la organización del Mercado Común europeo la decisión quedase en tales manos. Los acuerdos a los que había que llegar se referían a los aspectos más generales de la economía de los Estados.
Los problemas que afectaban a una Europa en reconstrucción, que buscaba hacer frente al relanzamiento de su industria básica y sensibilizada por la trágica trayectoria de los primeros cincuenta años del siglo XX, se alzaban como un espectro amenazador. Dos guerras destructivas habían llevado a esta parte del Mundo al borde de la aniquilación. Se asumía que la lucha por la hegemonía territorial y económica constituía el factor decisivo del enfrentamiento. Las crisis económicas mostraban la debilidad del sistema y habían contribuido de modo decisivo a la hostilidad interestatal. De ahí la primera insistencia en solventar aspectos referentes a la producción industrial básica y energética, así como los relativos al comercio interior europeo. La materia correspondía al ámbito de las relaciones internacionales. En todo caso se estimaba que en una segunda fase era obligado tratar de asuntos referidos al terreno socio-cultural y el conjunto de cuestiones que afectaban a un proyecto de Europa más unida desde una perspectiva de las relaciones colectivas.
Este segundo aspecto afectaba de modo directo al reordenamiento de las estructuras estatales y exigía proyectos de organización institucional. No era materia que pudiese resolverse en el terreno puro de las viejas relaciones exteriores, sino que implicaba a las colectividades sociales, en aras de la superación de las viejas rivalidades nacionales. El avance en esta dirección obligaba al debate democrático –más allá del simple acuerdo sobre cuotas de mercado y discusión sobre aranceles-. Los responsables políticos no quisieron modificar la metodología y el resultado ha sido el secuestro de la ciudadanía europea que ha quedado marginada del debate y toma de decisiones en el camino hacia una Unidad de Europa con todas las consecuencias. Voy a dejar a un lado las consideraciones que se refieren a los intereses de los grupos de presión socio-económicos responsables de esta situación; es no obstante cierto que el proceso de unificación ha quedado detenido, como resultado de los intereses de los estados en no rebasar los límites de una simple unión económica, todo en abierta contradicción de las aspiraciones colectivas de llegar a una auténtica unidad que superase las fronteras estatales y permitiera a los ciudadanos europeos reconocerse en una colectividad abierta por encima de aduanas y fronteras.
Las aspiraciones a un marco de relaciones abierto se han frustrado. Era tan evidente que, finalmente, los responsables institucionales se sintieron en la obligación de crear un texto en el que se recogieran las aspiraciones colectivas que reforzarán los lazos comunitarios, más allá de unas relaciones económicas que parecían quedar en el terreno de lo puramente material. La necesidad de Europa obligaba a la creación de otros vínculos identitarios europeos expresados como valores de solidaridad colectiva e, incluso, como referentes para el mundo extra-europeo. Los dirigentes de la Unión pensaron en una constitución que pareciera llenar el vacío. La gestación de la misma ha sido un total fracaso. No se buscó crear un marco jurídico nuevo que facilitase las aspiraciones colectivas. Se recogieron ampulosas declaraciones de principios carentes de cualquier virtualidad y se dio forma jurídica a los procedimientos administrativos que ya funcionaban en los órganos comunitarios en un esfuerzo por concretar esta materia de manera reglamentaria. Se incurrió en la indefinición y ambigüedad, incluyendo expresiones contradictorias, como tratado y constitución, dejando a un lado la delimitación de los poderes constitucionales y –lo que es peor- se marginó a la colectividad social consolidando un Parlamento europeo sin papel legislativo real, en el que se refugian todos los elefantes políticos europeos, buscando el premio material a sus servicios prestados.
