Ahora que ZP con la presidencia europea se ha colocado bajo los focos de los medios internacionales y viaja a foros, como Davos, percibe que no se le quiere tanto, y que incluso se le critica, y se nos amenaza con sacar a España del euro. Los datos del paro y del déficit público son demoledores. No es un problema de comunicación del gobierno, la imagen de ZP se deteriora, por que nadie puede durante todo el tiempo, distorsionar la realidad. Al final, las cosas se perciben como son: tenemos una crisis económica propia, por el exceso de construcción; el sector financiero debe terminar su saneamiento; en Afganistán los nuestros luchan, mueren y matan; el déficit público alcanza los 475.000 millones de euros; el empleo hasta finales del 2012, difícilmente se recuperará. Ante este duro panorama, no ha tenido más remedio que reaccionar, con las propuestas de la jubilación a los 67 años –aumentando el periodo de su computo-, de una reducción importante del gasto público, y una reforma laboral.
Como casi siempre, no ha respetado ni los modos ni los tiempos, ni ha hecho ninguna autocrítica por los muchos prejubilados de tve, banca, etc. Pero la verdad es que ya no es posible: el comenzar a trabajar cada vez más tarde, jubilarse antes, vivir más años, y apenas tener hijos. Todo en un escenario, de una profunda crisis económica. Vivíamos en una burbuja, donde todo lo vislumbrábamos en tecnicolor, y la crisis nos muestra que su verdadero color es en blanco y negro. Somos más pobres, tendremos que trabajar más tiempo, y se nos endurecerá y reducirá de una forma u otra, la pensión.
Nuestra Seguridad Social se basa en el reparto y no en la capitalización, basada en la solidaridad, requiere la entrada constante de dinero que con la crisis se va reduciendo. Mientras no salgamos de la crisis, al aumentar el paro, el dinero de la SS disminuye. El alargamiento de la vida está cambiando la pirámide poblacional –más viejos, menos jóvenes- Hay que hacer una política ordenada y sistemática de fomento de la natalidad, la gran olvidada de este debate.
Sus efectos serán a medio plazo. Otros países han logrado aumentar sus tasas de nacimientos.
Necesitaremos en el futuro continuar con la incorporación de nuevos inmigrantes que ayuden a paliar nuestro déficit poblacional. Se calcula una cifra que no debería ser inferior a 500.000 personas al año, una vez superada la crisis. Habrá que consensuar cómo será su impacto social a medio plazo, al necesitar compaginar una respetuosa acogida, con la obligación a que ellos respeten las normas, en la misma medida que se nos exige a los nacionales. No sólo los ciudadanos vivimos más años, sino que gozamos de una mayor salud, lo que permitiría que muchos jubilados actuales pudiesen desarrollar tareas productivas. También habría que fomentar planes privados de pensiones. Habrá que luchar contra el fraude, que en nuestro país, no es poco. Nuestros políticos no dan buen ejemplo, al cobrar los diputados la pensión máxima, con tan sólo 7 años de cotización. Con ello pierden autoridad moral, debiendo renunciar a este privilegio, que les separa aún más de los ciudadanos.
El Gobierno se ha visto obligado a anunciar una reforma del mercado laboral, que ha presentado a los agentes sociales, y que tendrá que concretar. Abordar estos temas ya no es cosa de antipatriotas o de catastrofistas. Ahora tocará aumentar las causas de los despidos procedentes, bajar el salario de los funcionarios, empezar a cortar el grifo de tanto gasto superfluo.
Hay que recobrar confianza país, sino la financiación del déficit público nos saldrá mucho más cara, pues los que nos prestan su dinero comprando nuestra deuda pública, quieren garantizarse el poder recuperarlo. Son 225.000 millones de euros los que necesitaremos colocar en 2010 en deuda pública: 100.000 millones para cubrir el déficit, y 125.000 millones para amortizar deuda a corto.
En esta situación tan difícil, no es tiempo de argüir cuestiones de forma o de procedimiento para oponerse a las propuestas del Gobierno. Veremos de dónde podrán reducirse los 50.000 millones de euros, que quieren sacar de los Presupuestos en tres ejercicios, cuando el Gobierno tan sólo controla el 30% del gasto y son la autonomías y municipios los que controlan el 70% restante. Pero en todo caso el sentido común impone que hay apoyar todas las medidas que contribuyan a paliar la crisis.
