Vivimos en un país que ha evolucionado de forma magnífica en los últimos 30 años. Que se ha modernizado, ha abandonado el ostracismo europeo padecido durante siglos, ha dejado atrás el feudalismo social en que tenía sumida a la mujer, y que se ha desarrollado a marchas forzadas para ponerse, al fin, en un lugar digno. Pero que en materia de Justicia se encuentra a la altura de, digamos, los tiempos de la Santa Inquisición.
La Administración ha evolucionado con nuestra sociedad optimizando todo tipo de procesos, procedimientos y servicios públicos, -sólo hay que echar un ligero vistazo a nuestros Ayuntamientos, Sanidad y Centros Educativos, por poner sólo estos ejemplos-. Pero curiosamente donde más tecnología y recursos viene aplicando es en la Dirección General de Tráfico y en Hacienda, para tenernos controlados y quietitos. Y sablearnos con mil excusas para sacarnos los cuartos y cuadrar sus cuentas en lo que el Presupuesto no llega por falso y mentiroso.
Sin embargo, en la Administra-ción de Justicia, todo sigue como en tiempos pretéritos. Sólo hay que ver la Misa con que inician la apertura Judicial del año las más altas instancias de la Magistratura, que recuerda coronaciones divinas de emperadores omnipotentes o reyes semidioses. Mientras, los Juzgados necesitan recursos materiales y humanos con urgencia, por no decir nada de las tan aireadas “tecnologías” que agilicen unos trámites, las más de las veces, vergonzosamente obtusos y caducos. Con estas limitaciones, que ningún Gobierno de ningún color político ha querido resolver realmente, el Estado arrastra y refleja una carencia que nos aleja de toda modernidad real... M.
