Ha indicado que "lo más sangrante es la tolerancia exculpatoria hacia la economía sumergida e incluso la frecuente jactancia de su práctica. La falta de repudio social es, sencillamente, intolerable... En el debe y el haber del Gobierno central, su posición ante la economía sumergida no tendría que invitarle a sacar pecho, más bien lo contrario. El muy elevado nivel de economía sumergida supone una gravísima deficiencia del sistema social en términos políticos y económicos, pero también éticos y morales. Entre las primeras atribuciones del Estado ha de figurar la de asegurar el cumplimiento de la ley", pero sin intervencionismo, ha dicho.
