En España existen múltiples Archivos y Museos cuyos fondos, de diversa procedencia, ocupan un lugar común al servicio de los ciudadanos para su custodia, exposición y estudio. Los documentos y objetos que se almacenan en unos y otros constituyen en su conjunto una unidad que los caracteriza, cuya importancia cultural aconseja preservar como garantía del desarrollo de los conocimientos humanos y de la memoria histórica.
El Archivo General de la Guerra Civil Española con sede en Salamanca, como parte del Archivo Histórico Nacional, constituía hasta su desmembración un punto de referencia para quienes se adentraban a desgranar los acontecimientos de la contienda. Como es lógico el compendio de documentos tiene su origen en todo el territorio nacional. La ubicación en un centro especializado facilitaba su conservación, organización y sobre todo la accesibilidad.
El principio de la unidad de archivo es defendido por la mayoría de profesionales y eruditos. Desde el ministerio de Cultura, a solicitud de los nacionalistas catalanes, se ha acometido la fragmentación del archivo. Una decisión política, incomprensible para los ciudadanos, que se ha convertido en un ejemplo más de lo que no se debe hacer en política: el ridículo. Cualquier decisión que suponga destrozar y dividir un archivo histórico, para satisfacer los deseos de los nacionalistas, incumple los principios de la lógica más elemental.
Porque, si no es un hecho coyuntural por presiones políticas, hemos de suponer que todos los Archivos y Museos nacionales y autonómicos devolverán las piezas y documentos que correspondan a otros territorios españoles distintos al de su ubicación. Por de pronto, los nacionalistas vascos ya quieren los documentos del Archivo de Salamanca, provenientes del País Vasco, esgrimiendo el mismo derecho legítimo que los catalanes. Así seguiremos con gallegos, andaluces, extremeños... hasta que en el Archivo no quede ningún papel original. ¿O es que el gobierno resolverá de forma distinta cuando no se trate de Cataluña?
De hecho habrá que esperar que los catalanes devuelvan piezas y documentos, que tienen en sus Archivos y Museos, a otras comunidades autónomas, en aplicación analógica de la legalidad. No es admisible que el gobierno legisle para desmantelar un archivo sólo a favor de Cataluña, habrá creando agravios comparativos con el resto de España.
El Archivo de Salamanca se ha utilizado por los extremistas nacionalistas, apoyados por la ineptitud y sumisión de nuestros gobernantes, como símbolo reivindicativo a fin de rescatar sentimientos encontrados, enterrados hace muchos años. Nos han introducido en un ambiente de confrontación transmitiendo a la sociedad un enfrentamiento permanente entre catalanes y castellanos, nada más lejos de la realidad. Se ha intentado justificar el traslado de papeles como la subsanación de un agravio histórico hacia Cataluña, sin considerar que ahora es Cataluña quien comete una ofensa histórica contra todos los españoles.
Los salmantinos han defendido el Archivo General de la Guerra Civil de forma numantina con un escrupuloso respeto al Estado de derecho. ¿Cuánto sería el miedo de la ministra de Cultura para proceder al traslado de los legajos con nocturnidad y bajo protección de un ciento de policías? Es curiosa coincidencia que el Tribunal Constitucional comunique la admisión del recurso de la Junta de Castilla y León el día después teniendo la resolución hecha dos días antes. El desprecio y la humillación a los salmantinos se hacen extensivos a todos los españoles, por eso hoy todos somos y nos sentimos salmantinos.
