El Rey de España había dictado una Real Orden por la cual se prohibía “en todos sus dominios” las fiestas de Toros. En base a la misma, el Consejo y su Regente -en cargo de Virrey- libraron con fecha 25 de mayo de 1.754 una Provisión general mandando a todas las ciudades, villas, valles, cendeas y lugares de Navarra “que no permitiesen con pretexto alguno, se celebraran Fiestas de Toros en sus respectivos distritos, ni permitiesen a los alcaldes y regidores... baxo la pena de dos mil libras a cualquiera Universidad o particular que contraviniese a dicha Real Provisión”.
Los navarros en modo alguno podían aquietarse sin sus fiestas de Toros, e inmediatamente llevaron la reclamación a las Cortes Generales, en las que se acordó que la mencionada Provisión dictada por el Consejo y su Regente infringía nuestra legislación privativa.
Y es curiosa la carga jurídica que pusieron en su memorial para enervar tan arbitraria resolución; lo que bien denota el lato ambiente popular de las fiestas de Toros en Navarra nacional.
Los tres Estados, estando juntos y congregados en Cortes Generales, adujeron en primer lugar la Ley VI tit.IV, lib.1 de la Novísima Recopilación por la que establecía que no se cumplieran las Reales Órdenes, despachadas por Cartas de los Secretarios, no viniendo en Cédulas, firmadas por la mano de su majestad; y aún concurriendo esta circunstancia tampoco podían ejecutarse si no procedía sobrecarta con citación de la Diputación de Navarra, a tenor de las leyes VII, tit.IV lib.I de la Novísima Recopilación, y por la ley 22 de las Cortes celebradas en Tudela en los años 1.734 y 1.744.
Así actuaban los navarros de entonces
Si se prohibieron en toda España las Fiestas de Toros lo fue por la potísima razón de conservar la especie, ese “genero tan precioso”, al atravesar una crisis profunda que la hicieran peligrar una matanza indiscriminada.
