Unión Progreso y Democracia no se opone a la tramitación de la reforma laboral, a pesar de que, como manifestó en el Congreso de los Diputados nuestra portavoz Rosa Díez, no es la reforma laboral que España necesita y la que reclamamos porque es una reforma en la que el Gobierno no cree, ya que ha sido hecha por presiones externas. La reforma que propone el Gobierno ni moderniza, ni clarifica, ni resuelve los problemas que este país tiene; es una reforma que maquilla un sistema ya fracasado, que introduce incertidumbre, mantiene la dualidad entre los contratos temporales y fijos y, por tanto, favorecerá la contratación temporal.
Aún estando en desacuerdo, es la única manera que tenemos para intentar que a posteriori salga una ley mejor a la que propone el ejecutivo de Zapatero. Nuestro partido lleva reclamando una reforma laboral mucho antes de que el Gobierno reconociese la crisis económica; por tanto, hubiese sido demagógico y oportunista por nuestra parte votar en contra, especialmente, a la vista de las próximas elecciones municipales y autonómicas.
Y ya que he mencionado las elecciones autonómicas, me gustaría hacer referencia a algo por lo que hemos sido censurados hasta la saciedad, “El Coste del Estado Autonómico”, un libro donde se examinan las duplicidades, redundancias y excesos de gasto de las tres Administraciones que interactúan en el territorio español. Este estudio examina y evalúa de qué manera el Estado Autonómico está sirviendo en la práctica para acercar los servicios públicos al ciudadano, y ofrece alternativas encaminadas a que haya una mayor calidad, eficiencia y eficacia en su diseño y prestación. En dicho libro, los responsables de economía de UPyD exponen lo que nadie antes se ha atrevido a abordar con cifras y datos reales. Lo curioso es que ahora, con un año de retraso, los dos grandes partidos empiezan a cuestionarse el coste del Estado Autonómico. Esto demuestra que no somos un partido pequeño, como apuntan algunos, que sólo nos limitamos a ejercer presión sin más.
Propuestas como las que he expuesto, y otras que irán surgiendo: reforma de la Ley Electoral, devolución al Estado de las competencias de Educación, Sanidad y Medio Ambiente, por ejemplo, son la prueba de que ejercemos una política coherente y de sentido común, con visión de Estado. En definitiva, estoy viendo con cierto asombro, que poco a poco nuestras propuestas van calando, aunque en muchos casos, eso sí, se las atribuyan como propias quienes hacen verdaderos esfuerzos para que seamos ignorados.
