En diciembre de 2020 se aprobó la nueva ley de educación, la LOMLOE, conocida también como ley Celaá. Se trata de una ley que supone un gran retroceso en las libertades. Se potencia el criterio de zonificación, con lo que los padres no gozan de libertad para llevar a sus hijos al colegio que desean, se eliminan progresivamente los centros de educación especial, se suprime el concierto de los centros de educación diferenciada (en Navarra ya se ha hecho incluso antes), se imponen valores no consensuados mediante la asignatura de “Educación en Valores Cívicos”, una reedición de la polémica Educación para la Ciudadanía y en definitiva se llena el currículo de ideología. El género está presente hasta en las matemáticas. Pero, eso sí, los números romanos y la regla de tres desaparecen en primaria y los logaritmos en secundaria. Por otro lado, se van repitiendo palabras como igualdad, capacidades afectivas, empatía, sostenibilidad, etc. al mismo tiempo que todo el currículo se vacía de contenido y se priman las competencias por encima de los contenidos y de la memorización. La cosa es especialmente sangrante en la asignatura de historia, que se impartirá sin atender a la cronología; por no hablar de la asignatura de filosofía, que desaparece en secundaria y forma parte de la ya citada Educación y Valores Cívicos. A esto cabe añadir el trato discriminatorio a la asignatura de religión, que no contará con asignatura espejo por lo que los alumnos elegirán entre irse al patio a jugar o quedarse en Religión.
Con todo, las comunidades autónomas son responsables de la definición de una buena parte del currículo. En concreto a Navarra le corresponde aproximadamente el 50%. Sin embargo, casi terminando el curso 2021-2022, aún no han publicado nada en el BON y la realidad es que, tanto padres como profesores, tenemos una desinformación completa. Lo único que sabemos, por la prensa, es que la asignatura de Religión quedará reducida a una hora por semana, con el golpe a la libertad religiosa que esto supone. Además, los profesores, la mayoría de ellos mujeres, no saben aún su futuro.
Por otro lado, desearíamos que se contara con las asociaciones y familias para paliar la debacle formativa que van a sufrir las próximas generaciones, en un país como España que necesita de forma imperiosa apoyar una educación de calidad para poder competir con otros países que le llevan la delantera en muchos campos. De hecho, el sentarse a dialogar rompería con la dinámica que ha empleado el Gobierno de España a la hora de elaborar la Ley Celaá.
Las Juntas Directivas de FamiLiaE y CONCAPA Navarra
