Frases como las de Carmen Calvo, pocas. Ante la subida de la luz a tarifas descomunales y el apaño aplicado consistente en discriminar los precios por horas, no tiene mejor ocurrencia que decir: “lo importante no es la hora a la que se lava o plancha; lo importante es quién lo hace”. Penoso. Sea de una u otra forma, una idea debe quedar clara: la Unión Europea decidió que se redujese el CO2 en un 55% de aquí al año 2030 (la previsión inicial era de un 40%). Como indica la ley de la oferta y la demanda, al haber menos emisiones, los “derechos de contaminación” que pagan las empresas son más caros. Así, la tonelada, que en el año 2016 cotizaba a 6 euros, en la actualidad está en cifras cercanas a los 60 euros. Es lo que pasa cuando los políticos/reguladores intervienen en los mercados sin pensar en sus consecuencias. Es es lo que pasa cuando se gestiona el dinero de los demás sin pagar las consecuencias por los errores. Y esto nos lleva a otra frase de Carmen Calvo: “el dinero público no es de nadie”.
El problema del denominado “dinero público” comienza por su nombre: debería llamarse dinero de los contribuyentes. Parece un matiz superfluo. No lo es. El nombre de los conceptos o ideas influye en la percepción que tenemos de las mismas. Muchas campañas para lograr ciertos objetivos se llaman “de sensibilización”, no de “coacción”. Las palabras, las palabras. Uno de los objetivos de los impulsores del procés catalán es que los diferentes medios de comunicación hablen de diálogo entre Cataluña y España, para que así nuestros cerebros las perciban como entidades diferenciadas.
En todo caso, una estrategia política clara es inventar problemas y generar estúpidos debates para no afrontar de manera directa sus tres labores fundamentales. Uno, la gestión del gasto público. Dos, la gestión de los impuestos. Tres, las reglas de convivencia. Sí, es cierto que los puntos dos y tres entran algo en el debate político. Respecto de la gestión de impuestos, la idea de introducir un mínimo global a las empresas del 15% va en la dirección adecuada, ya que así se estima según la OCDE (organización para la cooperación del desarrollo económico) que podrían aflorar 200.000 millones de euros que podría ir, en teoría, para ayudas sociales. Es extraño, pero la estimación para España es pequeña: tan sólo mil millones de euros. Es difícil saber cómo llevar a cabo estas medidas, es difícil saber cómo se hacen estos estudios. En fin, misterios de la economía y la estadística.
Lo asombroso es lo poco que aparece en el debate el tema de la correcta gestión del gasto público. Para empezar, los incentivos de muchos políticos son lograr la mayor cantidad de recursos posibles. Eso aumenta de una forma enorme su poder: si alguien no se porta bien, no tendrá subvenciones. En España, por primera vez, el peso del sector público ha superado al sector privado dentro del PIB. En un caso extremo, el objetivo del político sería cobrar todos los impuestos posibles y asignar a cada ciudadano su salario. No hace falta estudiar mucha historia para saber lo que ocurre en ese caso.
Sea de una u otra forma, existe un método más sencillo para arreglar estos problemas: reducir los impuestos en lugar de pagar subvenciones. ¿Por qué no se hace? Esta es otra gran victoria del debate social: en muchos casos si alguien alude que se va mucho dinero a diversos “chiringuitos” la estrategia es asociarlo a un partido político concreto para desacreditarlo. Triste y real.
Así, analicemos números. España es líder mundial en el “índice del dolor” (suma de caída del PIB, incremento de deuda pública, mortalidad covid, rendimiento de los mercados, tipo de cambio efectivo real). El paro juvenil es del 40%. El sector público ya es del 51% del PIB superando al sector privado por primera vez en la historia. Los residentes españoles en el extranjero han pasado de 1.400.000 (año 2009) a 2.600.000 (año 2021). El salario medio ha subido desde 2010 un 11% frente al salario mínimo que ha subido un 50%. Desde marzo de 2020 el BCE ha comprado 104.000 millones de euros de deuda soberana española. Una subida del 1% de interés supone un incremento de gasto de 13.600 millones de euros. El presupuesto público de Navarra ha pasado de 4.005.305.026 euros en el año 2016 a 4.870.520.378 euros en el año 2021. En el año 2020 el gasto era de 7.000 euros por habitante. Según el banco de España, los pensionistas reciben un 74% más de lo que cotizaron. El déficit presupuestario de la Seguridad Social programado para este año es de 14.808,16 millones de euros.
Sí. Tenemos un problema con el gasto.
Pero claro, el dinero público no es de nadie.
