Hace un par de años la ministra de Educación pronunció una frase histórica “No podemos pensar de ninguna de las maneras que los hijos pertenecen a los padres”. En parte la ministra tenía razón, porque ninguna persona es posesión de nadie. Pero el mensaje era mucho más profundo de lo que parece. Lo que quería decir la ministra con esas declaraciones es que los padres no son los principales educadores de los hijos, dejando la puerta abierta para que sea el estado quien asuma ese papel. De modo que la famosa frase debía haber terminado con un “sino que los hijos pertenecen al Estado”.
El tiempo ha demostrado lo cierto de esta interpretación. Todas las leyes que se van promulgando siguen esta línea. Pero en vez de aburrir con términos jurídicos, me limitaré a poner algunos ejemplos prácticos que demuestran lo que digo.
El primero le sucedió a una madre cuya hija, menor de edad, no regresaba a casa hasta bien entrada la madrugada. Asustada, acudió a la policía, y los agentes le dijeron amablemente que podían geolocalizarla pero que no les estaba permitido transmitir la información a la madre porque de lo contrario iban a vulnerar el derecho a la intimidad de la menor.
Otro ejemplo de la vida cotidiana es el de la carpeta personal de salud. Los padres no podemos acceder a ella si el menor tiene 12 o más años, con lo que nos resulta imposible enterarnos de si nuestro hijo ha tenido un coma etílico o a nuestra hija le han practicado un aborto, por poner un par de ejemplos bastante serios.
En el extranjero también tenemos los casos de Charlie Gard o Alfie Evans, niños enfermos que en contra de la voluntad de los padres murieron tras retirárseles la alimentación y la hidratación por decisión judicial. Ahora, con la nueva ley de eutanasia, no es extraño que en España suceda algún caso similar.
Por último, está el tema del anteproyecto de ley Trans. En su capítulo XI se recoge que podrán modificar la mención registral del sexo “las personas mayores de doce años y menores de catorce, asistidas por sus representantes legales. En el supuesto de desacuerdo de los progenitores o representante legal, entre sí o con la persona de menor de edad, se procederá al nombramiento de un defensor judicial”. Este texto, algo difícil de entender, quiere decir que cuando los padres no estén de acuerdo con la opinión del hijo en cuanto a su identidad sexual, se las tendrán que ver con el estado, lo que deja la puerta abierta a que incluso se les retire la patria potestad si es necesario. De hecho, ya antes de este anteproyecto han sucedido varios casos en España donde no se ha respetado la voluntad de los padres y se le ha practicado a alguno de sus hijos un proceso de transición para personas transgénero. En uno de ellos, el afectado finalmente se suicidó. ¿Y saben quién acudió al tanatorio? ¿Los miembros de la administración que le quitaron la patria potestad a los padres? Ni rastro de ellos. La familia es quien se dedicó a velar por el descanso de su alma. Porque los padres son los que verdaderamente aman a los hijos.
El Estado, comandado por la clase política dominante, sabe muy bien que es así, y que está suplantando a los padres en cuestiones que no son de su competencia. Y para aliviar su conciencia, sigue permitiendo que los padres den autorización en los colegios para que sus hijos vayan a excursiones, o al teatro, etc. Eso está muy bien que sea así, pero con mucha más razón los padres deben también tener derecho a autorizar o no cuestiones de mucho más calado. El Estado se está tragando camellos a la vez que filtra mosquitos.
