En el ecuador de su legislatura, Pedro Sánchez se habría despertado con un inesperado cisne negro que podría haber acabado con sus días de vino y rosas en la Moncloa. El término “cisne negro” designa a un acontecimiento inesperado e impredecible que produce consecuencias a gran escala y que es explicable solamente a posteriori y en el caso de Sánchez, ese cisne negro habría adoptado la forma de una trama secreta de espionaje para descabalgarlo del Poder, el llamado Catalangate. Así, según la entidad Citizen Lab con sede en Toronto (Canadá), Pere Aragonés y 62 independentistas catalanes y vascos habrían visto hackeadas sus conversaciones de móvil en el 2019 mediante el sofware Pegasus de la empresa israelí NSO Group, programa que según el diario el País, habría sido comprado por el CNI por 6 millones de dólares por lo que todo apuntaría a los Servicios Secretos como responsables de dicho espionaje.
Ello ha provocado la congelación de relaciones de ERC con el Gobierno hasta que “el Gobierno central asuma las responsabilidades hasta las últimas consecuencias” en palabras del Presidente Pere Aragonés y aunado con la desafección de Unidas Podemos tras la decisión personal de Pedro Sánchez de incrementar su aportación a la OTAN hasta el 2% , (lo que implicará incluir en los Presupuestos del Estado del 2023 una partida adicional estimada en 10.000 millones €) , podría provocar que Sánchez quede huérfano del sustento parlamentario de Unidas Podemos además de los grupos periféricos vascos y catalanes para la confección de los nuevos Presupuestos y verse obligado a convocar elecciones anticipadas en el otoño, siendo previsible el triunfo de la nueva CEDA representada por PP y Vox (previa absorción de los restos del naufragio de Ciudadanos).
Asimismo, en el supuesto de triunfar en las elecciones la nueva CEDA representada por PP y Vox, asistiremos a la instauración de una nueva Doctrina autonómica que consistiría en la implementación de un Estado basado en el sui generis “café para todos” y que será un misil en la línea de flotación de la pervivencia de los regímenes forales diferenciados vasco y navarro y su capacidad autogestionaria. Ello supondrá “de facto” vaciar de contenido las competencias legislativas de los Parlamentos forales vasco-navarros, medidas restrictivas que podrían convertir tanto a Euskadi como a Navarra en autogobiernos devaluados, encorsetados y sometidos a los dictados del Gobierno Central o Tribunal Constitucional de turno, lo que podría desembocar en la apertura del Frente del Norte contra la regresión centralista del Gobierno de Madrid. Por su parte, el Govern catalán ante la imposibilidad legal de celebrar un Referéndum sobre la Autodeterminación de Cataluña, reeditará el pulso con el Estado central con la declaración de la DUI (Declaración Unilateral de Independencia) y esperará la posterior implementación por el Gobierno Central del 155 que le haría aparecer ante los ojos del mundo como una víctima del Estado totalitario español.
