El pasado 26 de marzo tuvo lugar en el Parlamento de Navarra, en el seno de la Comisión de Memoria y Convivencia, Acción Exterior y Euskera, un debate sobre la democratización del espacio publico y la retirada de símbolos franquistas en el que la consejera Ana Ollo, a petición de EH Bildu, habló de las principales líneas de actuación de su departamento en ese tema y en el que los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios expresaron sus posturas.
Tal y como puede verse en el vídeo de la sesión, disponible en la página web del Parlamento de Navarra, ni la consejera ni los portavoces, con la sola excepción del representante de Contigo Navarra/Zurekin Nafarroa, hablaron del Monumento a los Caídos, sino que se limitaron a hablar de simbología menor. Esto es, de los símbolos adheridos a edificios y espacios públicos: placas o baldosines en edificios de viviendas, laureadas todavía subsistentes, y placas de caídos en iglesias o cementerios.
Esto es algo tremendamente llamativo por dos razones fundamentales. La primera, la de que el citado Monumento es el símbolo franquista por antonomasia en Navarra, incomparablemente más relevante que cualquier otro, constituyendo el segundo en importancia en el conjunto de España tras el de Cuelgamuros. La segunda razón es la de que esa falta de mención al mismo equivale a hacer oídos sordos al manifiesto hecho público el 10 de febrero por parte de una veintena de asociaciones memorialistas en el que se reclamaba al Ayuntamiento de Pamplona, al Parlamento de Navarra y al Gobierno de Navarra el inmediato inicio de las actuaciones necesarias para acometer su eliminación, se rechazaba cualquier posibilidad de resignificación, así como de su conversión de un lugar de memoria, y se solicitaba la eliminación del blindaje legal actualmente existente que impide que su posible derribo sea una alternativa real. Además, en el intervalo transcurrido se han publicado en prensa numerosos artículos, muchos de ellos de familiares de víctimas de asesinados por los golpistas, que apoyaban dicha postura.
Con su actitud de no receptividad a un tema que se ha colado en los últimos meses en la agenda pública, el Parlamento parece obcecarse en una visión legalista fundamentada en el hecho cierto de que las leyes navarras sobre memoria no hablan del mencionado Monumento y enfocan solamente a la simbología menor.
Recordemos que el artículo 11 de la Ley Foral 33/2013 de reconocimiento y reparación moral de las ciudadanas y ciudadanos navarros asesinados a raíz del golpe militar de 1936, aprobada por el Parlamento de Navarra el 14 de noviembre de aquel año, al referirse a la retirada de símbolos, leyendas y menciones franquistas se limita a señalar que: “el Gobierno de Navarra, en el ejercicio de sus competencias, tomará las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la guerra civil y de la represión de la dictadura. Entre estas medidas podrá incluirse la retirada de subvenciones o ayudas públicas”. Es decir, el artículo se centra en símbolos menores exclusivamente y no menciona edificios.
Y es que en todo el proceso que desembocó en esa ley nadie mencionó el Monumento a los Caídos ni hubo ninguna enmienda referida a él: ni en el debate en el pleno ni en el debate en Comisión.
Asimismo, la referencia en el Artículo 10 de aquella Ley sobre la necesaria elaboración y aprobación de un censo de símbolos, leyendas y menciones franquistas se saldó con una solución ambigua. Curiosamente, el 30 de noviembre de 2016 el Gobierno de Navarra aprobó un acuerdo que ratificó el censo provisional de símbolos franquistas, compuesto por 224 elementos, la inmensa mayoría símbolos menores, pero que incluía también el Monumento a los Caídos, en conformidad con lo que afirmaba el Informe previo elaborado entonces por el Fondo Documental de la Memoria Histórica en Navarra de la UPNA. Sin embargo, entre las principales recomendaciones de actuaciones a desarrollar en los elementos censados, presentes en el documento Programa de retirada de simbología franquista del Gobierno de Navarra, disponible en Internet y elaborado después, nada figura en relación con ese conjunto monumental del golpismo y se habla solo de la retirada de las laureadas en los escudos de Navarra, de la de las placas a los caídos, de las del Instituto Nacional de la Vivienda, de las designaciones de hijos adoptivos o predilectos, y de los nombres en el callejero.
En la segunda de las dos modificaciones registradas hasta ahora en la Ley Foral 33/2013 (y de la que resultó la actual Ley Foral 16/2018, de 27 de junio) tampoco hay referencias explícitas al Monumento a los Caídos puesto que en su punto 11.1, sobre retirada de símbolos, leyendas y menciones franquistas, no figuran los edificios o complejos arquitectónicos. No obstante, sí que en el debate en comisión de la proposición de ley, presentada por Geroa Bai, EH Bildu Nafarroa, Podemos-Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra, se debatió en el último instante, el 12 de junio de 2018, una enmienda de adición defendida por EH Bildu y Podemos-Ahal Dugu/Orain Bai que pudo haber permitido otras actuaciones de los poderes públicos en relación con él. Planteaba dejar en manos del Ayuntamiento pamplonés la posibilidad de “acordar la eliminación” del mismo “o la retirada o resignificación de la simbología que contiene, en el marco de un proyecto arquitectónico que [lo] justifique”, haciéndose constar que el acuerdo municipal “prevalecería por encima de cualquier otra determinación relativa al régimen de catalogación contemplado en la actual normativa municipal”. Votaron en contra UPN, Geroa Bai, PSN, PPN e I-E, optando así por no eliminar una de las barreras que impiden que se adopten soluciones que no pasen por el mantenimiento del edificio ya que, siendo propiedad desde 1997 del ayuntamiento de Pamplona, cuenta con cierto grado de protección en el Catálogo del Plan Municipal.
Con estos antecedentes, y dado que la Ley Estatal de Memoria Democrática de 2022, tampoco puede actuar, a nuestro juicio, de paraguas para un hipotético derribo del edificio por la redacción que parece diseñada específicamente para el mismo en sus artículos 35.1 y 35.6, nos preguntamos si los grupos parlamentarios se animarán a modificar la redacción de la ley en consonancia con la reclamación que les hace la inmensa mayoría de las asociaciones memorialistas navarras. Habría que definirlo de manera inequívoca como elemento contrario a la memoria democrática, añadiéndolo a la simbología susceptible de eliminación, con arreglo a su naturaleza esencial y a su uso durante décadas, y suprimiendo las cortapisas derivadas de su calidad de edificio protegido. Es cuestión simplemente de voluntad, de una voluntad no manifestada hasta el momento. Y de no aceptar porque sí un legado nada honroso e insultante para las víctimas.
