Deslizando la idea, pero sin concretarla cómo, los grupos municipales en el ayuntamiento de Pamplona de EH Bildu, PSN y Geroa Bai se han posicionado a favor de una resignificación pretendidamente significativa del Monumento a los Caídos, propugnando que este sea portavoz de un relato diferente del que el edificio sigue proclamando a voz en grito y que se corresponde, pese al lavado de cara superficial al que fue sometido por UPN, con el que le confirieron sus creadores entre 1940 y 1960, de exaltación de los golpistas vencedores y represores y de borrado de las víctimas de la limpieza política registrada.
Esa propuesta de resignificación significativa trataría, no se sabe de qué forma, de reconstruir lo sucedido con el fin de facilitar a la ciudadanía elementos de interpelación para una reflexión crítica y creación de una memoria de salvaguarda de cara a futuro.
Lamentablemente, el análisis de la experiencia, tal y como se ha desarrollado en los últimos lustros, de la gestión de la memoria en Navarra y en otras latitudes del Estado, castigadas por el azote carlofascista, nos obliga a rechazar esos planteamientos: hasta ahora las instituciones han sido incapaces de dotar de una significación acorde con un enfoque de memoria integral (que, además de las víctimas, trate de los victimarios y de otros aspectos), a los lugares de memoria que han oficialmente reconocido.
En ninguna de las resoluciones de la Dirección General de Paz, Convivencia y Derechos Humanos del Gobierno de Navarra, que declaran como lugares de memoria a los ámbitos con fosas comunes resultantes de ejecuciones colectivas, así como tampoco en los paneles allí instalados, se habla de quiénes fueron los asesinos y de cómo se realizaron los asesinatos, en la mayor parte de los casos a cañón tocante en la sien o en la nuca, por más que para algunos de ellos haya constancia documental clara sobre los victimarios. Asimismo, en las relativas a los centros de detención, tampoco se proporcionan detalles de quiénes los dirigían y gestionaban, de cómo lo hacían y de en qué medida eran un paso para un destino funesto. Por último, en las placas referidas a la represión sectorial, como por ejemplo el magisterio, los empleados públicos o los cargos políticos, también impera el silencio sobre los órganos que dictaron la suerte de los represaliados y sobre las personas que los componían.
Tampoco en otras iniciativas institucionales se ha detectado que se haya intentado llenar ese vacío. Una prueba de esto la encontramos en la forma en la que el Ayuntamiento de Pamplona, presidido por EH Bildu, manejó la cuestión de la finalmente fracasada querella presentada sobre los crímenes del franquismo. Basándose en el Informe Pericial elaborado, a petición del mismo ayuntamiento, por el Fondo Documental de Memoria Histórica de la UPNA sobre la vulneración de derechos humanos durante la guerra civil y el franquismo en la capital navarra, cifrada en 607 casos de crímenes contra ciudadanos y ciudadanas de Pamplona, con 306 personas asesinadas y 1014 encarceladas, finalmente la querella de marzo de 2017 se dirigió contra Rodolfo Martín Villa, exministro de Gobernación en la Transición; contra dos gobernadores civiles de los años setenta del siglo XX: José Luis de Gordoa y Quintana, gobernador civil de Navarra entre 1972 y 1976, y Fernando Pérez de Sevilla y Ayala, su sustituto hasta julio de 1977; contra cinco exgobernadores militares: uno de ellos de 1935 (?) y los demás de los años setenta; y contra el comisario de policía Antonio Creix.
Esa relación de personas contra las que se dirigió la querella resulta sorprendente porque en el acuerdo de pleno de 27 de noviembre de 2015 que dio origen a la misma se hablaba de los “responsables directos y mediatos” y a “la consolidación del relato de hechos”. Esas intenciones no se traslucen en absoluto en los presuntos responsables que aparecen en la querella final ya que la inmensa mayoría de los asesinatos a los que se hacía referencia tuvieron lugar en 1936-1937. De hecho, los 17 casos específicos que se relacionaban en la querella eran mayoritariamente de aquellos años.
Tampoco el mencionado Informe Pericial de la UPNA, que sirvió de base para la querella, habló apenas de victimarios, sino que presentó listados de asesinados y de encarcelados. La única referencia a responsables de la limpieza política de 1936-1937 en ese informe de 58 páginas aparece en la página 20 y consta de cinco líneas que remiten a las responsabilidades de los grupos paramilitares de requetés y falangistas, así como de miembros de la Guardia Civil, que yo hice en mi libro Sin piedad, de 2015.
Es extraño que no se hiciera en la querella ni en el informe pericial ninguna alusión a la cadena de mando de la limpieza política registrada en Navarra entre julio de 1936 y 1940, que, partiendo, de las autoridades civiles y militares, descendía a través de la cúpula requeté y la cúpula falangista de aquellos años para llegar finalmente a los responsables de los escuadrones de la muerte ligados a la Comunión Tradicionalista y a la Falange. La Junta Central de Guerra Carlista y la Jefatura Provincial de la Falange coparticiparon de las decisiones junto con los responsables del gobierno militar y del gobierno civil, e incluso cabe decir que tenían mayor responsabilidad por cuanto su mayor contacto con la base social hacía que fueran las receptoras mayoritarias de las denuncias que llevaron a la muerte o a la cárcel a miles de desafectos.
Por consiguiente, se hurta a la ciudadanía de un relato mínimamente veraz y completo que, al igual que cualquier narración informativamente consistente, ha de responder a los interrogantes de qué, quiénes, cuándo, dónde, cómo, por qué y para qué.
Por tanto, la carencia de un relato oficial integral de lo sucedido por la incuria de los poderes públicos, y por su sumisión a la hegemonía discursiva de la derecha, torpedea el sentido de las opciones resignificadoras pretendidamente significativas, convirtiéndolas de hecho en inservibles, porque, como es obvio, el paso previo a cualquier resignificación es el de la significación, de forma que, sin esta, no puede concretarse aquella. Una resignificación que no tenga en cuenta todos los aspectos que deben formar parte de una memoria integral de lo sucedido en 1936-1939, se convertiría en una memoria parcial, amputada de sus aristas más incómodas y didácticamente inútil para las nuevas generaciones, además de ser un evidente desprecio hacia las víctimas.
Los precedentes mencionados acreditan que se han escamoteado al público elementos fundamentales de la realidad acaecida, imposibilitando que se interpele seriamente sobre ello, para así adquirir una perspectiva conformadora de una memoria crítica y responsable. Nadie puede ser tan crédulo como para pensar en la virtualidad de esa memoria adaptada y cómoda, que solamente persigue evitar el duro trabajo de introspección y de análisis sobre lo que pudieron hacer entonces nuestros ancestros, y que es la que se pretende imponer bajo un pretexto resignificador.
