El derecho a la huelga ha sido uno de los pilares de la lucha sindical y obrera cuando las condiciones del trabajo obrero realmente remitían a una conculcación de los derechos humanos, es decir, la época que continuó a la revolución industrial. Sin derechos laborales, los obreros sufrían la opresión de un capitalismo explotador. Sin embargo, las condiciones de trabajo en la actualidad respetan los derechos de las personas, el de la búsqueda de la felicidad inclusive. Y si nos fijamos en el funcionariado público no podemos dejar de advertir que el bienestar impera en la plantilla de la Administración Pública, verdaderos privilegiados del sistema laboral. Por lo tanto, las reivindicaciones actuales de los sindicatos se limitan a una subida de los sueldos, no exenta de cierto egoísmo. La idea tópica de que el empresario es un individuo avaricioso que vive muellemente sin dificultades ni problemas no se corresponde con la realidad. Muchas empresas sufren duras condiciones en su propósito de obtener beneficios, los cuales son totalmente necesarios para su supervivencia, con la necesidad añadida de invertir en mejoras, innovaciones e investigación. Cuando se escucha a líderes del neomarxismo denunciar públicamente que los mozos de almacén, por ejemplo, ganan menos dinero que los empresarios no podemos dejar de pensar que nos toman por tontos y que ni ellos mismos se creen sus argumentaciones demagógicas e irrespetuosas con la inteligencia de la inmensa mayoría de los ciudadanos, puesto que esos mismos politólogos no rechazan en absoluto el dinero que les proporcionan sus apariciones en los medios de comunicación o en los cargos políticos de los partidos populistas. Los idearios que defienden se quedaron obsoletos cuando cayó el Muro de Berlín; nos explican viejas ideas ya superadas como si aportasen alguna novedad, tal vez porque el recuerdo de lo que era la URSS resulta ya difuso o se ignora por parte de las nuevas generaciones, a las que se miente sobre la realidad, generándoles expectativas vitales injustificadas e inmerecidas, mientras se les oculta los horrores que escondían en su seno las dictaduras del proletariado. El PCE, que forma parte de IU y a su vez de Unidas Podemos, retrocedió décadas en el desarrollo ideológico cuando retomó el leninismo, abandonado en la Transición para permitir una conciliación entre democracia, comunismo y libertad de conciencia.
La falta de ética de algunos de estos políticos es notoria y evidente. Que una vicepresidenta del Gobierno fomente las huelgas en su país, además de ser irracional, constituye una falta de moralidad que debería ser punible y que como mínimo le debería costar su dimisión. Si esas huelgas llegaran a producirse, con el consiguiente daño a la economía española, esa miembro del Gobierno debería asumir su responsabilidad y pagar por los perjuicios ocasionados. ¡Cómo se puede ser tan irresponsable! Su deseo de presentar una candidatura solvente en las elecciones legislativas del año que viene no justifica esa llamada a la movilización sindical. De hecho, una serie de huelgas podría ocasionar un perjuicio enorme al Gobierno del que forma parte y a los partidos que lo sustentan, dando pie a una victoria de la derecha, que se muestra como altamente probable, ¡cuánto más si los sindicatos se echan al monte y dañan la economía y el empleo en periodo preelectoral! Y es que, en realidad, esa subida de sueldos que los sindicatos exigen solamente está justificada parcialmente. Si bien es cierto que los salarios tendrán que verse aumentados, también lo es que los costes de producción que sufren los empresarios están incrementándose considerablemente a causa de la crisis energética. ¿Cuándo llegará el día en que los sindicatos se comprometan a cooperar en el bien de las empresas sin por ello renunciar a sus reivindicaciones más sensatas y más justas? Esa cooperación se muestra más necesaria que nunca en aras del bien común y social. La crisis que padecemos exige que todos los sectores arrimemos el hombro y que dejemos a un lado conceptos caducos como la lucha de clases que, lejos de promover la paz, inciden en la ruptura social y en la confrontación permanente. Y todo esto sin entrar a analizar qué parte de la inflación tiene como causa la subida del salario mínimo u otras medidas políticas y económicas semejantes.
