Los macroproyectos de energías renovables que superen los 50MW (megavatios) podrán estar exentos de las evaluaciones ambientales DIA (declaración de impacto ambiental) y del derecho ciudadano de conocer los expedientes y formular alegaciones. Los trámites para instalarlas serán ahora más laxos y las restricciones para su instauración se limitan a los terrenos de la Red Natura 2000. El pasado 24 de enero el Congreso de los Diputados convalidó el Real Decreto Ley 20/2022, cuyos artículos 22 y 23 permiten estas medidas. Ante ello se opusieron entidades y plataformas ciudadanas que pidieron en una concentración que los partidos políticos se opusieran a la medida.
Según Red Eléctrica Española un hogar consume de media 0,0027 megavatios al mes, por lo que la producción energética de los proyectos es muy alta. Además, en Navarra y con especial incidencia en la Ribera, se asiste a la aprobación e instalación masiva de parques eólicos en zonas no habitadas, un fenómeno que según denuncia Gurelur (Fondo Navarro para la Protección del Medio Natural) es “el mayor desastre ecológico de los últimos años”.
Asimismo la Fundación Sustrai Erakutza, comprometida con la defensa medioambiental, presentó un informe sobre la situación, impactos y propuestas en torno a la energía renovable en Navarra bajo el título de ‘El nuevo boom de las energías renovables en Navarra’. En Tudela y la Ribera también es conocido el lema de la sección ribera de Ecologistas en Acción, ‘Renovables sí, pero así no’, quienes han presentado alegaciones contra proyectos renovables en territorios naturales en multitud de ocasiones.
'Ecocidio en el Congreso'
La plataforma Macrorenovables No definió el hecho como ‘Ecocidio en el Congreso’ y en representación de 451 entidades ciudadanas de todas las comunidades autónomas acudieron a la escalera del Congreso a expresar su negativa a estos artículos y entregar un documento conjunto a todos los diputados. El grupo lucha por la justicia climática, y apoya una transición a las renovables basada en el autoconsumo, la eficiencia energética, la utilización de las zonas ya antropizadas, y las comunidades energéticas, dentro de un modelo energético distribuido y justo.
Advierten que el modelo a escala macro que está desplegando el Ministerio de Transición Ecológica en la actualidad favorece exclusivamente a las multinacionales y anula los derechos de la ciudadanía, agrava la despoblación, y pone en peligro la biodiversidad. Manifiestan que pone en peligro su modo de vida y sus actividades, así como el patrimonio ambiental y cultural de estos territorios.
Vulneración al derecho europeo
El Real Decreto 20/2022 “no se ajusta a las normativas europeas y vulnera el Convenio de Aarhus de participación ciudadana privando incluso a las principales entidades ecologistas de la posibilidad de conocer los expedientes y formular alegaciones”, explican desde la organización. La aprobación del Reglamento europeo 2022/2577 del pasado 22 de diciembre de 2022, establece la necesidad previa de una zonificación y de una evaluación medioambiental estratégica. Condiciones cruciales que han sido obviadas en el mencionado Real Decreto 20/2022.
