En el Pleno de la semana pasada, instó al Gobierno a poner en marcha el suministro de último recurso y a aplicar el bono social en las nuevas tarifas eléctricas. Además, ha “denunciado que las Comercializadoras de Último Recurso no han aceptado a clientes con derecho a acogerse al suministro de último recurso”. Exigiendo así mismo que el “Gobierno socialista debe velar para evitar que las distribuidoras eléctricas vulneren el Real Decreto de 3 de abril y que las Comercializadoras de Último Recurso se nieguen a satisfacer la demanda de aquellos clientes que quieren beneficiarse de la tarifa social”.
