Opinión

Iribas insiste en pasar la factura de la crisis a la red de enseñanza pública de Navarra

El curso en la red pública ha comenzado con una reducción de personal docente cercana al 7%, con 400 profesores menos en los centros educativos. En los actos de adjudicación se han ofertado 245 vacantes menos en las etapas de Infantil y Primaria y 155 menos en puestos de Enseñanzas Medias. Un alto porcentaje de las vacantes ofertadas han sido contratos inferiores a media jornada, este hecho ha sido más llamativo en las adjudicaciones de conservatorios con contratos de 2,3, 4 horas semanales. La destrucción de empleo docente ha sido el efecto inmediato del incremento de las ratios y de la jornada lectiva del profesorado, medidas adoptadas por Educación a finales del curso pasado. En Enseñanzas Medias el recorte se suma a los 120 puestos de trabajo que ya se suprimieron el pasado curso. En total las plantillas docentes de la red pública han experimentado una reducción del 12,5% en algo más de un año, lo que supone una reducción de gasto cercana a los 20 millones de euros.

El Gobierno de Navarra ha actuado sin contemplaciones a la hora de pasar la factura de la crisis al sistema educativo público. El impacto presupuestario de los sucesivos “ajustes” llevados a cabo desde 2010 en la enseñanza alcanza ya los 100 millones de euros y ha supuesto la reducción en un 15% del presupuesto educativo de Navarra, que habrá pasado de 680 millones de € en 2010 a menos de 580 millones de € en 2013. De confirmarse la supresión de la paga extra a los empleados públicos, el ajuste en 2012 se incrementaría en 18 millones de € adicionales.

Salta a la vista que el recorte del gasto educativo ha sido profundamente asimétrico, ya que no ha afectado por igual a ambas redes; el ajuste de los módulos de concierto en la enseñanza concertada en periodo 2010-2012 apenas supera los 10 millones de €, mientras que el resto ha sido a cuenta de la enseñanza pública. Este curioso “reparto” de la carga de la crisis no guarda proporción alguna con el 60/40 de reparto del alumnado entre ambas redes.

El recorte del gasto educativo público ya había afectado en 2011 y 2012 a la mayor parte de las partidas y tan sólo quedaba tocar de nuevo el capítulo de personal: plantillas y salarios. La ralentización en la construcción de nuevos centros, la escasez de dotaciones y los acusados recortes realizados en la formación del profesorado son un claro ejemplo de este “ajuste de cinturón” que ahora ha dado un paso más en la “hebilla”. En un contexto en el que las matrículas todavía siguen repuntando una media del 2,4% anual, parece claro que el recorte del gasto educativo – de no corregirse – acabará pasando una grave factura a la calidad de la enseñanza que se ofrece en Navarra.

A esto hay que añadir la crispación del profesorado y de las familias que ha sacudido al sector educativo público a lo largo de todo el curso. Una tensión que ha sido provocada por la falta de diálogo y de negociación. El Departamento de Educación ha rechazado en todo momento poner un límite temporal a las medidas o establecer compromisos de recuperación del gasto educativo público a medio plazo, algo que hubiera podido contribuir a mantener cuando menos el marco social de concertación y disipar en algo las tensiones.

Muy por el contrario, después de un curso que ha batido el récord de huelgas y movilizaciones, el consejero Iribas permanece instalado en una intransigencia que acabará sin duda pasándole factura. Su clara diferencia de trato hacia la red concertada – donde se siguen abriendo nuevos centros se evitan los despidos, se garantiza la paga extra, o se aplaude el mantenimiento de conciertos ilegales – contrasta con su decidida voluntad de pasar la factura de la crisis a la red pública, profundizando con ello en las desigualdades. No en vano el consejero ha sido declarado “persona non grata” por buena parte de la comunidad educativa.