El 5 de junio se celebra el Día Internacional del Medio Ambiente. Es grande el número de problemas que nos afectan. Pese a que se deberían estar tomando medidas urgentes para su solución vemos como dentro de un grave proceso de regresión muchos problemas se estancan y otros nuevos crecen.
La calidad del aire sigue siendo muy preocupante, a lo largo de 2012, según los valores recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 94% de la población española respiró aire contaminado. A su vez, y de acuerdo a los valores límite establecidos por la Directiva 2008/50/CE, la población española que respira aire contaminado por encima de los valores legales es de 17,3 millones de personas, un 37% del total. Es decir, más de uno de cada tres españoles respira aire que infringe los límites legales. Estudios de la Comisión Europea cifran en 19.940 los fallecimientos prematuros al año en el Estado español por esta causa.
Nos afectan, también, graves problemas por no elegir el camino de un modelo energético basado en energías no contaminantes. En el principio del fin de los hidrocarburos baratos debemos dar el paso hacia las renovables. La apuesta por los hidrocarburos no convencionales, como el gas pizarra y técnicas de extracción como el fracking no son la solución. Sobre Navarra penden varios de estos estudios, uno sobre La Ribera. Estas técnicas son muy caras, muy peligrosas y aportan materias con un rendimiento energético muy bajo. Tampoco sirve el modelo basado en nucleares, mucho menos si las centrales adolecen de serios problemas estructurales o han acabado su vida útil, como la vecina central de Garoña.
Se nos plantean nuevos problemas, como por ejemplo, los que se pueden derivar de la nueva ley de telecomunicaciones. Esta ley que ha pasado su primer trámite parlamentario en abril con los votos afirmativos de PP, PSOE y CIU otorga a las empresas de telefonía móvil un poder inaudito en un régimen democrático y de derecho. Esta nueva ley, permitiría a estas empresas hacer y deshacer a su antojo en todo el territorio nacional para colocar antenas donde les plazca, incluyendo la expropiación forzosa de cualquier terraza vecinal aún en contra de la oposición de los afectados y aún incluso contando éstos últimos con el apoyo del propio Ayuntamiento local. Las Comunidades de Vecinos hasta pueden perder las aportaciones económicas por la cesión de su propiedad para la colocación de las antenas.
En este periodo de completa regresión, se están haciendo leyes a medida de los intereses económicos de unas empresas en contra del interés general. Para nada importan los diversos estudios científicos europeos como el Bioinative Report, la Resolución 1815 de mayo de 2011 del Consejo de Europa o las recomendaciones de la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer (IARC), dependiente de la OMS, de clasificar este tipo de radiaciones (WI-FI, móviles, DECT) como “agente cancerígeno para humanos tipo 2B”.
En España, actualmente se permite la emisión de hasta 400 microwatios, muy por encima de la potencia a la que emiten las antenas. Además, ninguna empresa presenta un certificado médico que avale según ellos la inocuidad de estas ondas. Tampoco ninguna compañía de seguros quiere asumir este tremendo riesgo a la población y hacerse cargo de las afecciones que sufren personas con Electrohipersensibilidad.
Debemos reducir los niveles de exposición, para ello la Ley Foral 10/2002 faculta al Gobierno de Navarra (Disposición Final Segunda) para cambiar los niveles de referencia según los avances científicos y tecnológicos que garanticen una mayor protección de la salud y seguridad de las personas.
Para antenas de telefonía móvil los umbrales de prevención para exposición a largo plazo deberían ser como mínimo los valores recomendados por la Resolución 1815 de mayo de 2011 del Consejo de Europa, de 0,6 voltios por metro [0,1 μW/cm²] . Esta resolución también es clara al plantear que exista un control de su ubicación y de sus emisiones con participación ciudadana.
Para líneas de alta tensión debemos seguir los valores recomendados por la IARC, sobre la distancia en zonas urbanas o habitadas de un metro por cada kilovoltio de tensión de la línea eléctrica. Debería estar prohibida la instalación de transformadores (de alta en baja tensión) en edificios habitados. Además, las conexiones a Internet en escuelas y colegios tendrían que utilizar cable o fibra óptica. En ningún caso sistema Wifi.
Son cada vez más las personas afectadas por estos campos ionizantes y se debería reconocer la Electrohipersensibilidad (EHS) como discapacidad, de acuerdo con la recomendación del Parlamento Europeo como una enfermedad emergente, con protocolos de diagnóstico y certificación. Las personas afectadas sufren marginación social y laboral.
Eduardo Navascués
Ecologistas en Acción Navarra
