En una carta ha afirmado que “en estos momentos y con la situación de desbordamiento por los nuevos demandantes de ayuda a los Servicios Sociales en cantidad de ayuntamientos, cabe preguntarse: ¿Qué responsabilidad tiene el Gobierno y ante quién rinde cuentas tanto en relación con el retraso de hasta cinco meses en el pago de la renta básica, incumpliendo la legalidad establecida reconocida como derecho subjetivo, como en los largos plazos de espera en las otras atenciones?”.
