El Consejo de Ministros aprobó el viernes pasado que sólo el 18% de los ediles de las corporaciones locales españolas puedan cobrar, entre otras muchas cosas que, a la postre, sólo representan una recentralización más.
Sin embargo, la idea inicial parece sana. No por el ahorro de 7.129 millones que la propuesta, en su
conjunto, pretende aplicar en la Administración Local, sino por esa irrisoria afirmación de que "una Administración, una competencia", que propuso felizmente Montoro.
El problema real es que el sistema público no sólo falla en eso, hierra en que se sustenta en partidos políticos lineales, sin democracia interna, con lobbys interesados tras de sí que los manipulan impunemente y, para colmo de males, que se fundamentan en los "trepas", es decir, en personas que sólo persiguen eso mismo que ahora el ministro de Hacienda pretende ordenar. De modo que, a pesar de que la idea es acertada, quedará, como siempre pasa, en agua de borrajas, porque tras el sentido común y la gestión empresarial que debería imponerse en las Administraciones -en todas ellas-, la realidad sólo las fundamenta en el interés particular o gregario de buscavidas, liberados o libre designados, de modo que el problema no va a una tener solución fácil.
Es como reclamar listas abiertas en esta "Democracia" nuestra de 35 años de sacrosanta "Constitución", entelequia que va a abrir aún más la veda del edil, ese concejal de pueblo que llega con voluntad y sale de las corporaciones y entes manteado.
