En nuestro trabajo como profesionales hemos tenido la oportunidad de participar en el ámbito de la vivienda pública de alquiler, tanto protegida como social, en Navarra y en el País Vasco, dos comunidades vistas con admiración desde otros territorios. En ambas se ha consolidado la idea de que la vivienda que nace pública debe seguir siéndolo de manera indefinida, con el objetivo de crear un parque estable de vivienda protegida y asequible, tal y como recogen el Decreto 290/2003 del País Vasco y la Ley Foral 20/2022 en Navarra.
Evitar que se haga negocio privado de lo que surge del esfuerzo colectivo no solo parece razonable, sino imprescindible si se quiere consolidar un parque de vivienda suficiente al servicio de jóvenes y personas vulnerables. En esta línea, las administraciones han apostado decididamente por la vivienda pública de alquiler y, según las últimas previsiones, se espera construir 7.000 nuevas viviendas en la próxima legislatura en el País Vasco y 3.000 en Navarra.
Sin embargo, cualquiera que conozca la situación actual del sector de la construcción se preguntará cómo se va a hacer y, sobre todo, con quién. Hace poco, un compañero de profesión con más de 20 años de experiencia comentaba que, pese a superar los 40 años, sigue siendo el más joven en la obra. La crisis alejó a nuevas generaciones del sector y, años después, la pandemia reforzó el rechazo social a trabajos percibidos como duros y poco atractivos.
Ante esta realidad, la industrialización aparece como una solución inevitable. La transformación del sector hacia modelos industriales permite mejorar la calidad del empleo, atraer nuevos perfiles profesionales y facilitar la incorporación de la mujer gracias a horarios más estables y mejores condiciones laborales. En un contexto de incertidumbre para otras industrias, la construcción industrializada representa una oportunidad evidente.
Para que esta transición sea viable se requieren dos condiciones básicas. Por un lado, una normativa estable y homogénea que dé seguridad a largo plazo, algo que hoy no ocurre. Por otro, una escala suficiente de producción que haga atractivo el esfuerzo inversor, más fácil de alcanzar en grandes mercados que en comunidades con promociones pequeñas como las de nuestra Comunidad.
Por todo ello, resulta imprescindible que lo público apueste de forma decidida por incorporar soluciones industrializadas en la vivienda pública, sin renunciar a una alta calidad arquitectónica. Solo así será posible alcanzar un doble objetivo tan necesario como urgente: más vivienda y más empleo de calidad.
