Recortes en la sanidad pública rural de la Ribera
Os deseo unas felices fiestas de SANTA ANA y que disfrutéis de estas grandes fiestas con amigos y familiares.
Hace unos meses, el consejero Domínguez quiso realizar un recorte en la sanidad pública rural; finalmente, por ausencia absoluta de apoyo, lo tuvo que meter al cajón. Pero recientemente, consecuencia de un traslado de profesionales a Aragón —situación, por desgracia, cada día más frecuente— ha aprovechado para cerrar las urgencias de Fustiñana. Si no apoyamos a Fustiñana para evitar el cierre de sus urgencias, las siguientes en cerrar, como tenía establecido en su calamitoso plan, serán las urgencias de Cascante, y así sucesivamente seguirá recortando la ya denostada sanidad rural navarra.
El argumento de falta de médicos es falso, con lo que poco hay que discutir: es una excusa, un relato para justificar el recorte. El otro argumento, el del número de avisos, es una vergüenza y un ataque a la población rural, discriminada con respecto a la población urbana. El número de avisos no es una cifra comparable cuando la población rural hace un mejor uso de los servicios sanitarios, sabe de su importancia y lo usa cuando verdaderamente es necesario. En los centros urbanos se usan más, pero también son mucha más población. Si la cifra de uso se ajustara por habitantes potenciales que pueden hacer uso de un servicio, se vería que los servicios rurales son eficientes y no sobran, como esgrime el consejero.
Es una discriminación que, por vivir en un pueblo, te cierren el punto de urgencias, mientras en una ciudad estás rodeado de hospitales y de centros de urgencias extrahospitalarias 24 horas. Los que vivimos en pueblos pagamos los mismos impuestos y tenemos muchos menos servicios.
En atención primaria, el uso del servicio en horario nocturno no puede ser usado como argumento para echar el cierre: es un servicio en expectativa de urgencias o de emergencias, no es un servicio para sacar analíticas, hacer visitas de seguimiento ni electrocardiogramas, etc. Por lo que cubrir mediante guardia una urgencia rural es eficiente, eficaz y es justicia social.
No se puede cerrar servicios rurales con esos pobres argumentos y luego gastarse el dinero en peonadas.