La historia de la limpieza mancomunada de los 17 pueblos de la Ribera ha pasado de ser una tomadura de pelo a la ciudadanía a, además de eso, ser una muy mala telenovela en la que se entrecruzan traiciones dentro de los partidos, victimismo de los responsables políticos, recursos a los tribunales, oscurantismo y, sobre todo, pérdida de miles de euros de los contribuyentes (es decir nuestros, de las de siempre) en un rifirrafe entre partidos que incluye a los tribunales e intereses económicos de las empresas.
Todo empezó hace tres años, con un pliego para mancomunar la limpieza de 17 localidades de la Ribera. Todos los ayuntamientos y la Comisión Permanente de la Mancomunidad de la Ribera dieron el visto bueno al pliego en sus plenos y se procedió a la adjudicación del mismo. Varias empresas se presentaron para hacerse cargo de ese servicio, por diez años y a cambio de un montante de 27,6 millones de euros; finalmente, las dos empresas que llegaron al final del proceso fueron FCC y Cespa-Acciona.
La mesa de contratación, que decide quién se queda con el contrato, está formada por tres técnicos (el de la mancomunidad, el del ayuntamiento de Tudela y un técnico externo), además de por el presidente de la mancomunidad, la secretaría, intervención y un miembro del Tribunal de Contratos. Los tres técnicos son quienes se encargan de hacer los informes para decidir qué empresa cumple mejor con las necesidades que se señalan en el pliego. Los informes de los tres técnicos de junio del 2019 daban por buena la candidatura de Cespa-Acciona, pero el técnico de la mancomunidad cambió su informe en septiembre. La mesa de contratación, con el único cambio de la presidencia (que después de las elecciones de mayo pasó a Fernando Ferrer), decidió excluir a dicha empresa de la adjudicación apoyándose en el informe que cambió el técnico de la mancomunidad. Cespa- Acciona recurrió su expulsión y el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos le dio la razón, instando a la Mancomunidad a readmitir su oferta y a repetir la valoración técnica.
La mesa de contratación hizo caso omiso y ha decidido renunciar a esa licitación y empezar el proceso de nuevo diciendo que el pliego que se ha estudiado y aprobado en la Comisión Permanente de la Mancomunidad y en 17 plenos de ayuntamientos de la Ribera, está mal y que hay que hacer uno nuevo. Todo huele a chamusquina y a querer beneficiar a una de las empresas, solo hay que ver las discusiones y diferencias de voto que se han dado dentro de la Comisión Permanente: el vicepresidente de la Mancomunidad, de Na+, votó en contra de renunciar a la licitación y dos ediles del PSN votaron a favor, cuando su partido fue el que impulsó y defendió el pliego anterior; la otra edil del PSN se abstuvo y el concejal de Tudela del PSN (que no está en la permanente pero si en la asamblea) está en contra de empezar todo el proceso de nuevo y dice que el pliego está bien.
Pero esto no es todo: el técnico de la mancomunidad que ahora dice que el pliego inicial está mal es el mismo que redactó ese pliego, el que en junio lo defendió y en septiembre cambió su informe para sacar a Cespa-Acciona de la convocatoria y darle un contrato de diez años por 27,6 millones de euros a la empresa FCC. Además, si el Tribunal no hubiese suspendido cautelarmente el proceso, este habría seguido adelante, con FCC como adjudicataria, se le habría adjudicado en base a ese pliego que ahora dicen que está mal. Cuando el Tribunal dijo que había que volver a incluir a Cespa-Acciona en el concurso fue cuando empezaron a decir que el pliego estaba mal. Como es lógico, Cespa-Acciona ha recurrido la anulación del pliego, pero FCC, que es la que estaba en primera posición, no lo ha hecho.
Desde EH Bildu queremos denunciar la falta de transparencia, las decisiones arbitrarias basadas en nada y el clarísimo trato de favor que está recibiendo la empresa FCC por parte del presidente de la Mancomunidad y del resto de la Comisión Permanente. Las viejas actitudes de UPN siguen vigentes en pleno siglo XXI, el amiguismo, la utilización del poder y del posicionamiento en los puestos de decisión para enriquecer a unos u otros según sus intereses con el dinero de todas y todos los riberos. Mientras todo esto ocurre y se gastan nuestro dinero en redactar pliegos, contratar colegios de abogados externos que les den la razón, etc, la Mancomunidad sigue subiéndonos la tasa de basuras, y sigue recibiendo multas por incumplimientos de las condiciones fijadas en la autorización ambiental en El Culebrete. Hace un año que se le informó (y multó) a la Mancomunidad de estas infracciones, pero no se ha hecho nada más allá de pagar esas multas y las que vendrán con el dinero de todas. Lo único que se puede sacar realmente en claro de todo este cúmulo de despropósitos es que la gestión de la Mancomunidad de la Ribera está siendo bochornosa. Cuidar el medio ambiente y gestionar el dinero de todas las riberas con responsabilidad debería ser la prioridad de Fernando Ferrer, y no beneficiar a determinadas empresas a nuestra costa, al servicio de oscuros intereses que, de momento al menos, la ciudadanía desconoce.
Edurne León Sánchez y Aristóteles Fuentes Jiménez
EH Bildu Erribera
