Los caídos: Una oportunidad pérdida
A nadie se le escapa que el mundo se está ultraderechizando. Los diferentes procesos electorales, cuando los hay, así lo demuestran. Y este país no es ajeno a esa tendencia. Así se ha demostrado en las recientes elecciones acontecidas en Extremadura, Aragón, Andalucía y Castilla y León. Dentro de los siempre rechazables postulados ultras, en este país, hay dos que, a pesar de no ser originales, son muy peligrosos: la “prioridad nacional” y la eliminación de las políticas de la memoria. Sin su aceptación no se hubieran dado las mayorías necesarias para constituir gobiernos en esas Autonomías, a la espera de lo que pueda suceder en los siguientes procesos electorales. Y son peligrosos, primero, porque ya sabemos las consecuencias de aquella “prioridad nacional” que ejecutaron los golpistas del 36: asesinatos, represión y cuarenta años bajo el palio y la tribuna del nacionalcatolicismo; y segundo, porque los acuerdos ultraspretenden eliminar las leyes de memoria allí donde existían.
A mi entender, no respetar las leyes de memoria o no ejecutarlas, dónde y cuándo se puede, es un grave error político. Por eso, la Comunidad Autónoma de Navarra y el Ayuntamiento de Pamplona, en su mayoría progresista, no deberían dejar pasar la ocasión de eliminar el mayor símbolo francocarlista en pie dentro de una ciudad. De no ser así, como parece que va a ser, el alza ultraderechista va sacando cada vez más la patita. Hace unos días el autodenominado “excombatiente” de la inmaculada transición, Rodolfo Martín Villa, mostró su cara bifronte, mostrándose como adalid de la democracia a pesar de ser un ministro franquista, recordando aquello que ya dijo en 1984, que fueron Fraga, Suarez, Juan Carlos, Carrillo y él, entre otros condecorados, Al servicio del Estado, los que trajeron la democracia a este país. Comparto las palabras de Emilio Silva cuando cuestiona al exministro, indicando que su abuela, viuda de asesinado por ser rojo, al igual que mi abuela, también viuda de rojo, y otras muchas viudasvotaron en las elecciones generales de este país en 1933 y 1936, teniendo que esperar hasta 1977 para volver a votar libremente en otras elecciones generales. Por lo tanto, la democracia no fue rescatada por esos políticos franquistas, como él dice, puesto que sus ideas fueron las que la anularon. Lo que sí hicieron Martín Villa y amigos, tal y como remarca Julián Casanova, fue amnistiar a los dirigentes que estaban al frente de las instituciones de la dictadura, silenciando el largo y cruel terror que Franco y sus compañeros de armas iniciaron con la sublevación militar de julio de 1936, al amparo de la inmaculada transición, el gran instrumento político para pisotear la historia de la II República, que también es la historia de quienes han estado y están en las fosas comunes.
Al igual que las ciudades necesitan airear su fisonomía, la Historia necesita refrescar sus renglones, y que mejor manera, en esta ciudad, que eliminando un monumento que todavía glorifica tan execrables hechos, cuya visión impone un recuerdo de tan mal gusto como su estética. La persistencia visual de este símbolo francocarlista en el espacio urbano ha sidosiempre aceptada por la oficialidad de esta provincia, a pesar, dicen, que su identidad está anulada. Sus piedras promocionan la imagen de permanencia y sujeción de un sentimiento de orden político, identificado con los grupos sociales a los que representa, de forma que la continuidad del monumento mantendrá la del grupo social que lo construyó. Los historiadores de las ciudades saben que el espacio urbano es el resultado de un juego no equitativo de permanencia o supresiones asociadas a la desigualdad social y de poder entre los actores concurrentes -vencedores y vencidos-.
La política navarra no debería perder está ocasión para derribar el símbolo de los Caídos por la patria, aplicando las leyes de memoria, porque no sabe sí tendrá otra. Y su error más grosero sería no haber abierto un debate con todas las posibilidades para ese espacio urbano, incluido el derribo, dejando que los Tribunales hagan el resto, si al final fuese esa la elección. Cuando se derribó la cárcel, tampoco hubo un debate claro. Se eliminó y ya está. Pero el debate si existía, y se obvió, como ahora, que también existe. La mayoría de las Asociaciones memorialistas no estuvieron conformes con la decisión tomada entonces, como tampoco lo están ahora. Entonces se quería mantener, ahora se reclama derribar. Porque no es lo mismo la memoria de los lugares que los lugares de la memoria. Porque no es igual la presencia y la ausencia entre lugares sin memoria (los Caídos) que la memoria sin lugar (represión y asesinatos sufridos en la cárcel).
Es evidente que la liquidación de este monumento puede ayudar aliviar lo ocurrido, que no desagraviar. De la misma manera que la erección de un nuevo espacio fomentaría la cesura proyectiva del grupo que lo ordenó, incluida su identidad. A día de hoy, la visión de un escenario que escupe en nuestra memoria, a pesar de las transformaciones que se anuncian, nos ofrece y ofrecerá un metarrelato que hace presente el por qué y para qué se construyó. Una lástima perder está oportunidad, y, sobre todo, rechazar y apartar otra vez la mirada de las víctimas. La política, para serlo, necesitará siempre un debate abierto con todas las posibilidades, porque antes de reconocer y reparar, hay que escuchar y consensuar.