En más de 25 años trabajando en el sector forestal he visto la evolución de los incendios, los cuales han logrado desarrollarse, sofisticarse y evolucionar hasta llegar a denominarse de sexta generación. No puedo decir lo mismo de las políticas diseñadas para evitar a estos monstruos.
Sabemos desde hace más de cuatro décadas que es fundamental invertir en prevención, mucho más que en extinción. A nadie se le escapa que, si evitamos el problema o logramos minimizarlo, la extinción se vuelve innecesaria o, cuando menos, sus costes se reducen significativamente a la hora de intervenir.
Entonces, ¿por qué no concentramos la fuerza y los recursos en la prevención? ¿Cuáles son los intereses detrás de invertir tanto en extinción?
Las causas de haber llegado hasta aquí son muchas y difíciles de desarrollar en un solo artículo de opinión, pero algunas son evidentes:
La sociedad urbana ha olvidado al mundo rural y lo hemos ido vaciando de personas y de oficios que se está demostrando eran necesarios. El pastoreo extensivo ha ido desapareciendo. En muchos lugares no se realiza una gestión forestal sostenible. Cada vez cuesta más encontrar gente para trabajar en los montes. Las administraciones dificultan los trabajos con una burocracia trasnochada, actuaciones limitantes, y un trabajo infravalorado y mal remunerado.
Los medios de comunicación, la opinión pública, los educadores, la sociedad en general —los ecojetas— tienen el concepto de que cortar un árbol es malo y negativo para el bosque. Nada más lejos de la realidad. En las empresas se ha instalado el “less paper” para, entre otras cosas, reducir la corta de árboles, porque se tiene la falsa creencia de que lo que sucede en países donde se trafica con madera, sucede también en países donde existe normativa y control sobre la procedencia de la madera.
Así pues, asistimos al abandono de los montes, donde no se corta ni se realiza la silvicultura necesaria. Luego llega el incendio, lo quema todo y nos quedamos sin madera, sin oxígeno, sin agua, sin animales, sin hongos, sin frutos del bosque y, a veces, hasta con la muerte de un trabajador o un voluntario.
Por supuesto, no me olvido del cambio climático, al que todavía hay gente que niega. Estamos observando aumento de temperaturas, menos precipitaciones y especies que, en unos años, no podrán habitar donde ahora lo hacen porque las condiciones naturales que les permiten vivir ya no existirán.
¿Qué se puede hacer?
Los políticos responsables —y digo RESPONSABLES— deberían establecer políticas a 15-20 años, estables, estratégicas, pactadas y definidas con profesionales con conocimientos y capacidades para abordar estos retos, independientemente de partidos políticos, colores o tendencias.
Los medios de comunicación deberían divulgar e investigar lo que sucede en el monte y cómo se trabaja antes de que la tragedia ocurra. Porque, además de los incendios, hay otros peligros como las plagas, el viento, la nieve… Y no deberían incidir continuamente en el sensacionalismo de la tragedia.
Las administraciones deben apostar por una mayor inversión en prevención, y para ello tienen que trabajar de manera conjunta y coordinada: medio ambiente, desarrollo rural, social y laboral, migración, economía.
La ciudadanía debe entender que cortar árboles no es peligroso, sino necesario para que el bosque siga evolucionando. Los educadores deberían tener una formación más cualificada y práctica sobre lo que ocurre en el bosque, y relacionarse con los distintos profesionales que trabajan en él.
A nivel técnico, hay que realizar planes de gestión para los propietarios de los montes, donde se detallen las actuaciones necesarias: establecer áreas cortafuegos, romper la continuidad mezclando especies, establecer puntos de agua. Y valorar si la ganadería extensiva debe recibir un plus para hacerla más atractiva a los profesionales, poniendo en valor todo lo que se ahorraría la administración.
Y cuando el incendio llega…
Las administraciones deberían tener planes estratégicos y de intervención para una actuación más eficaz: con qué medios reales se cuenta, medios potenciales, contactos con distintos puntos del territorio, planificación con expertos en incendios cuya experiencia esté justificada y demostrada.
Debe existir una coordinación real, clara y definida sobre el mando, quién toma las decisiones y quién asume las responsabilidades. Actualmente, la ciudadanía ha asistido a distintas catástrofes donde diferentes administraciones se culpabilizan, pero nadie se responsabiliza.
Es imprescindible informar de manera clara, honesta y definida a los ciudadanos implicados en el incendio. Y endurecer las leyes en materia de sanciones, tanto penitenciarias como económicas.
Sin duda, todo lo que se propone es difícil de llevar a una política estratégica definida a largo plazo, por la clase política que existe, donde el interés partidista prima sobre el interés del pueblo. La maquinaria lenta, obsoleta y arcaica de la administración dificulta avanzar. Por eso llevamos más de 30 años de retraso. Los incendios han evolucionado, y nosotros, a la hora de eliminarlos o evitarlos, no.
Cuando volvemos al lugar de la tragedia, surge la desolación. Después del rojo viene lo negro, y todos lamentamos lo perdido. Sé muy bien de lo que hablo. El 18 de junio de 2022, en Arguedas y Valtierra —mi pueblo— todo el mundo tuvo miedo porque el fuego llegó hasta las mismas puertas de las casas. Después de la batalla, vimos los cadáveres calcinados de los árboles. La tristeza invadía a los dos pueblos, como sucede en todos los lugares.
Sin embargo, después de tres años, paseando por la zona —al menos la de Valtierra— he visto cómo vienen las nuevas plantas que surgen de manera natural, ya que el pino Alepo, antes de morir, tiró sus semillas y ahora han dado sus frutos. Afortunadamente, la naturaleza es sabia.
Ahora nos toca a nosotros: ayudando a introducir artificialmente plantas en aquellos lugares donde la regeneración natural no esté siendo efectiva, realizando claras en el futuro, haciendo pequeños diques que retengan el agua y eviten la erosión. Y para todo esto necesitamos empresas, trabajadores, maquinaria forestal, ingenieros, alcaldes, políticos que entiendan que el monte es un TODO, y como tal, hay que gestionarlo.
