Tras las próximas elecciones al Parlamento Foral, el nuevo Gobierno deberá transitar por la senda marcada por el pragmatismo político: ‘Comienza haciendo lo que es necesario, después lo que es posible y de repente estarás haciendo lo imposible’ para evitar la división de la sociedad navarra en dos bloques antagónicos e irreconciliables.
Así, deberá dar prioridad en lo social a la restauración del llamado Estado social y democrático de Derecho y en lo político a la reedición del Órgano Común Permanente (OCP) con la Comunidad Autónoma Vasca. Dicho organismo consistirá en la constitución de una mesa multilateral de agentes políticos, sociales, económicos y sindicales del País Vasco, de Navarra y del País Vasco francés para acordar un nuevo marco político y territorial en el que quedaría integrada Navarra, quedando así relegado ‘sine die’ la celebración del referéndum consultivo previsto en la Disposición Transitoria 4ª de la Carta Magna de 1978.
Respecto al euskera, tanto UPN como el PSN han defendido siempre el mantenimiento de la zonificación lingüística que establecía la Ley del Vascuence de 1986 como garantía del respeto a la pluralidad de Navarra, lo que en la práctica se ha traducido en la implementación de cotos lingüísticos que aún permanecen vigentes aunque con síntomas de resquebrajamiento en sus paredes, con lo que el nuevo Gobierno foral deberá optar entre la utopía y la necesidad.
La utopía sería implementar el modelo uniformista aplicado en el País Vasco con la Ley 10/1982 Básica del Euskera para logar ‘una euskaldunización dirigida de todo el territorio’ que posibilitaría que el alumnado de Infantil y Primaria de todo el territorio foral pudiera acceder a una educación trilingüe (castellano, euskera e inglés), instaurando en suma la cooficialidad del euskera en Navarra y obligando de paso a la mayoría de la población castellanoparlante (75% de la población total) a la inmersión lingüística en euskera e inglés.
En la otra orilla, encontramos el plano de la urgencia de la necesidad, que implicaría una modificación de la Ley Foral 18/76 del Vascuence que instaure ‘de facto’ la libertad de elección en materia de enseñanza en todo el territorio foral con la consiguiente expansión del mapa radial de los centros de Modelo D por todo Navarra, pasando las 15 ikastolas concertadas a integrarse en la Red de la Educación Pública, logrando de paso que el euskera salga de su actual gueto y sea un bien cultural y nexo de unión entre todos los navarros.
