Varios gobiernos, incluyendo el de España y los de sus comunidades autónomas, han dado mucho peso a la “lógica de los casos” en el momento de justificar sus políticas de Covid. Según esta lógica, si se detectan muchos casos de Covid en una población, automáticamente se justifican agresivas intervenciones no farmacéuticas para reducir los contagios, tales como confinamientos domiciliarios, cierres perimetrales, toques de queda y cierres forzosos de bares, cines y restaurantes.
Cuando los contagios y hospitalizaciones bajan, se asume que es a causa de la última ronda de intervenciones del gobierno; cuando suben, se le echa la culpa a la ausencia de intervenciones.
Pero esto supone que la evolución del virus depende principalmente de intervenciones coercitivas del gobierno. La realidad es que el virus obedece a muchos factores que escapan completamente al control del gobierno.
El nivel de enfermedad y muerte causada por el virus puede variar según los niveles de inmunidad previa y adquirida, los picos y bajas estacionales, edad y nivel de salud de la población, y adaptaciones voluntarias en el comportamiento de la gente. Por ejemplo, el verano pasado las hospitalizaciones por Covid bajaron dramáticamente en gran parte de Europa, con total independencia del tipo de medidas adoptadas en distintos países.
La idea de que un parón indiscriminado e involuntario de la vida social y económica puede suavizar el impacto de una pandemia es muy seductora para una población saturada de miedo y ansiedad. Sin embargo, si examinamos el argumento con una mirada más crítica, podemos ver que las cosas no son tan sencillas.
Primero, cuando paralizas la actividad ordinaria de la gente, impones costes colaterales que no son nada despreciables, por ejemplo, soledad y depresión, desempleo masivo, colapso de pequeños y medianas negocios, el sacrificio de libertades básicas, y eventuales muertes por falta de atención médica.
Cualquier persona razonable puede entender que es necesario hacer un balance de los costes y beneficios de intervenciones públicas para la salud y el bienestar de los ciudadanos. Es evidente que el mero recuento de casos de Covid no basta para justificar un experimento social tan arriesgado y sin precedentes históricos.
Segundo, un parón indiscriminado de la vida social es una intervención extremadamente cruda e ineficiente: es restringir drásticamente las actividades de poblaciones cuyo nivel de riesgo es muy bajo, como gente joven de buena salud. Además, en muchos países, España incluido, más de 40% de la muertes atribuidas a Covid han ocurrido en residencias de ancianos, donde haría falta otro tipo de medidas, más allá de confinamientos genéricos.
Estas observaciones se pueden corroborar si atendemos a los datos internacionales. Un hecho incómodo y bastante ignorado es que no existe ninguna correlación general entre restricciones agresivas de la vida social y mejores resultados epidemiológicos. De hecho, entre los países y regiones que menos han restringido la vida social y económica de sus ciudadanos, muchos han alcanzado resultados más o menos equivalentes y en algunos casos mejores que los de regiones donde más restricciones ha habido.
Podemos pensar en casos como el de Suecia, que, a pesar de solo imponer algunas medidas moderadas de distanciamiento social y prescindir enteramente de confinamientos y mascarillas obligatorias, ha tenido niveles de mortalidad equivalentes o inferiores a los de países que sí han adoptado tales restricciones, como Italia, España, Francia, Austria y Gran Bretaña.
La misma historia se repite en varios estados de EE.UU. Por ejemplo, California ha aplicado medidas mucho más restrictivas que Florida a partir de septiembre de 2020. A pesar de esta diferencia, a lo largo de la pandemia, California ha sufrido un nivel de muertes per cápita muy similar al de Florida.
También podemos pensar en el caso de Dakota del Sur y Dakota del Norte, dos estados con condiciones sociales y demográficas muy similares: Dakota del Norte adoptó una estrategia más intervencionista a lo largo de la pandemia, e impuso el uso obligatorio de la mascarilla a partir de noviembre de 2020. Dakota del Sur, por el contrario, adoptó una estrategia más bien permisiva y voluntarista, y en ningún momento impuso el uso obligatorio de la mascarilla. Ambos experimentaron excesos de mortalidad altos, pero muy similares.
En fin, si comparamos las experiencias de distintos países del mundo, podemos apreciar que medidas muy disruptivas como toques de queda, cierres perimetrales y cierres forzosos de negocios, colegios, restaurantes y bares no han producido los resultados esperados en cuánto a la disminución de enfermedades y muertes.
Por otro lado, lo que sí podemos afirmar es que tales restricciones han tenido un impacto negativo en la salud física y mental de mucha gente; han aumentado el poder de nuestros dirigentes políticos; han disminuido nuestras libertades básicas; y han generado mayor pobreza y desigualdad socioeconómica.
España, Polonia, Italia, Bélgica y Gran Bretaña, cinco de los países europeos más restrictivos en sus políticas de Covid, se encuentran entre los países de Europa con mayor exceso de mortalidad durante esta pandemia. Da mucho que pensar.
