Los últimos años han presenciado el constante ascenso de la política populista y anti-establishment en una amplia franja de Occidente. En boca de sus defensores, el populismo es la liberación del yugo de la dominación global. En boca de sus críticos, es la demagogia barata y la mayor amenaza para el estado de derecho que hemos visto en generaciones. Un diagnóstico verdadero requiere una forma de análisis que profundice más allá de los eslóganes tanto de los populistas como de sus críticos.
Comencemos con una definición sencilla de populismo: El populismo podría entenderse, en términos generales, como un estilo de política cuyos líderes, en lugar de simplemente criticar las políticas de los adversarios políticos, se alinean, al menos en su retórica, con los intereses del "verdadero pueblo" contra un establishment político presuntamente corrupto, arrogante y desconectado de la realidad.
Los líderes populistas, ya sea Trump, Milei, Farage, Le Pen, Orbán o Meloni, se presentan como grandes reformadores del sistema: mientras que los políticos tradicionales prometen mejores resultados políticos, utilizando estrategias retóricas que parecen asumir el marco institucional tradicional, los populistas, aprovechando una creciente ola de descontento electoral, arremeten contra el "sistema" y sus compinches y no temen pintarse a sí mismos como salvadores políticos que restaurarán la integridad de un sistema corrupto (este video promocional de Trump, impregnado de tropos mesiánicos, es un ejemplo destacado).
Dos perspectivas rivales sobre el populismo
Uno se encuentra generalmente con dos perspectivas rivales sobre la significación del populismo para la democracia occidental: primero, la de los propios populistas, que ven el populismo como un "tratamiento de choque" destinado a expulsar a las élites políticas arrogantes y poner la política de nuevo en contacto con "el pueblo"; y segundo, la de los críticos del populismo, que ven los movimientos populistas como una amenaza para los valores de la democracia liberal, socavando el estado de derecho y difundiendo narrativas excluyentes y simplistas de identidad nacional.
Ambos puntos de vista son parcialmente correctos, pero ninguno captura la verdadera profundidad de la crisis política que enfrentan la mayoría de las democracias occidentales en la actualidad.
Los críticos del populismo tienen razón al condenar ciertos elementos del populismo, como su tendencia a promover narrativas excluyentes de identidad nacional, que excluyen artificialmente el hecho de que muchas naciones occidentales, les guste o no, están ahora constituidas por un amalgama de culturas, religiones y etnias diversas. Sin embargo, al condenar el populismo como una amenaza inminente para la democracia liberal, los anti-populistas parecen asumir que lo que está en peligro –nuestras instituciones democráticas– están actualmente más o menos en buena forma, es decir, más o menos participativas, inclusivas y receptivas al interés público.
Disfuncionalidad crónica
Pero esta es una evaluación sorprendentemente optimista. Los populistas, aunque sus soluciones políticas a menudo dejan mucho que desear, tienen razón al señalar las disfunciones crónicas de nuestras instituciones políticas tecnocráticas, que parecen operar bastante alejadas de los intereses de los ciudadanos comunes, en una variedad de temas, desde leyes de odio e ideología transgénero hasta política climática e inmigración.
Es difícil negar que la Unión Europea sufre de un déficit democrático arraigado, y que la "disciplina partidista" en muchas democracias occidentales es un eufemismo para la sumisión ciega de los políticos profesionales a los jefes de partido. Y es dolorosamente obvio que muchos partidos principales están perdiendo el contacto con su base de votantes, como lo demuestra el creciente abandono por parte de los votantes occidentales de los candidatos respaldados por los partidos, el desencanto de muchos estadounidenses con su sistema de dos partidos, y la constante consolidación del apoyo a los partidos anti-establishment en gran parte deEuropa.
De hecho, la democracia representativa en la mayoría de las partes del mundo hoy en día sería descrita de manera más precisa como una oligarquía centralizada –el gobierno de unos pocos, gobernando en muchos asuntos en interés de unos pocos– avalada por elecciones periódicas. Porque la mayoría de las democracias occidentales delegan el poder en instituciones altamente centralizadas, donde es fácilmente capturado y manipulado por actores de élite, ya sean ministros de gobierno, legisladores, grupos de presión corporativos o jefes de partido.
Esta situación no se remedia con elecciones periódicas de representantes, que dan a la mayoría de los ciudadanos muy poco poder sobre el contenido de la legislación, el gasto público y las prioridades gubernamentales. Sin mencionar el hecho de que la política gubernamental a menudo se ejecuta a través de burocracias a gran escala con poca supervisión legislativa y poca o ninguna rendición de cuentas democrática genuina.
El predicamento en el que nos encontramos no es solo causado por actores malos o irresponsables. También es el fruto de sistemas políticos que no son adecuados para su propósito. Incluso si las élites políticas desearan abordar los problemas de los ciudadanos, sus manos estarían frecuentemente atadas, por al menos dos razones.
Primero, los gobiernos altamente centralizados, en la medida en que se basan en reglas y políticas generalizadas, no pueden adaptarse eficazmente a las diversas necesidades de sociedades y economías a gran escala, complejas y en evolución rápida. Por ejemplo, el gobierno centralizado de la atención médica parece incapaz de abordar los desafíos de las poblaciones envejecidas y las disfunciones evidentes de los sistemas nacionales de atención médica.
Segundo, los gobiernos nacionales no son sus propios amos. Al contrario, dependen profundamente de fuentes internacionales de financiación pública y regulación monetaria, como la Reserva Federal en Estados Unidos y el Banco Central Europeo en Europa. En Europa, la soberanía nacional está subordinada en muchos temas a leyes y marcos regulatorios europeos. En Estados Unidos, la autonomía estatal ha sido erosionada constantemente por las prerrogativas cada vez mayores del Congreso nacional y del gobierno federal.
Abordar las patologías
Así, las políticas modernas tal como están constituidas actualmente, aparte de facilitar la concentración de poder en manos de unos pocos ciudadanos privilegiados, están deshabilitadas por su escala torpe y su dependencia crónica de actores externos como financieros internacionales y bancos centrales para desempeñar de manera competente y efectiva sus funciones gubernamentales y de prestación de bienestar convencionales.
Hasta que estas patologías sean abordadas, podemos esperar que el ciclo de frustración electoral y descontento popular continúe, ya sea en forma de estilos populistas de política, huelgas, protestas, abusos en línea y fuera de línea de oficiales públicos, o enfrentamientos entre ciudadanos y agentes de policía en el terreno.
El problema es que, incluso si los populistas llegan al poder, como los hemos visto hacer en lugares como Estados Unidos bajo Trump e Italia bajo Meloni, esto no garantiza una reforma institucional sostenible. A corto plazo, una victoria populista podría limitar algunos de los excesos de la gobernanza hiper-centralizada. Pero también corre el riesgo de reemplazar la patología de la tecnoocracia centralizada con formas dañinas de demagogia, ofreciendo la promesa irreal de que un líder mesiánico resolverá todos los problemas con un simple movimiento de varita mágica.
Incluso si el populismo sufre reveses políticos o logra avances limitados en algunos lugares, el apetito por la política antisistema o antiestablishment ha ido ganando impulso en muchos países occidentales y es poco probable que disminuya pronto. Porque el problema básico que enfrentamos no es un puñado de políticos problemáticos, sino un sistema político que ya no está a la altura de su propósito.
Es posible que el tipo de reforma que requieren las democracias occidentales sea más radical de lo que los populistas, tanto como sus críticos, están dispuestos a contemplar. Porque lo que se requiere son reformas descentralizadoras de gran alcance que anclen el poder político y económico no en un estado centralizado, sino en un pacto federal entre gobiernos municipales y regionales e instituciones de base como asambleas ciudadanas locales, asociaciones profesionales y cooperativas de trabajadores. Bajo tales reformas, el antiguo establishment político nacional perdería gran parte de su poder. Pero lo mismo sucedería con los líderes y movimientos populistas nacionales.
