Como a cualquier ciudadano (ella o él) medio le consta (basta con que este se ponga en la tesitura o situación de estar viviendo un periodo preelectoral, verbigracia), o como quien haya trabajado en el ámbito público o privado sabe, lo lógico y normal es evaluar el proceso de gestión (ora en el terreno de la enseñanza/aprendizaje, ora en el de la limpieza, ora en el de la venta del producto, etc.) llevado a cabo, para, tras tabular y cotejar los datos, comprobar qué se ha hecho mal y, así, poder enmendarlo en el futuro y mejorar; y qué se ha hecho bien y potenciarlo, a fin de maximizar y/u optimizar los recursos humanos y materiales.
Reconozco que no soy epidemiólogo ni virólogo, pero, como he leído la epístola que publicó el viernes pasado la revista especializada The Lancet, que se avinieron a firmar y ratificar dos decenas de expertos (ellas y ellos) patrios en salud, me ha brotado la idea de dar mi parecer al respecto. En la susodicha misiva se solicitaba con encarecimiento que se culminara una auditoría externa, independiente, para detectar dónde se falló (sin ánimo de buscar culpables, sino de mejorar el procedimiento o los protocolos) y dónde se acertó (si es que en algún aspecto se dio de lleno en el blanco o centro de la diana) y, de esta guisa, mientras no haya una vacuna viable a plena disposición, claro, poder responder de forma satisfactoria a las posteriores olas (si es que no estamos padeciendo ya los rigores de la segunda, como algunos especialistas sostienen) epidémicas/pandémicas.
Si de algo sirve mi apoyo moral, me sumo a la reclamación, que los veinte peritos hacían en dicha carta, de que es prioritario e imprescindible coronar un examen independiente y pormenorizado de lo acaecido para valorar cómo se comportó el sistema y, así, identificar dónde hubo capacidades o suficiencias claras y dónde deficiencias clamorosas, evidentes, al objeto de subsanar errores, elaborar las reformas pertinentes y completar o complementar todo lo necesario.
Del resultado que depare dicha auditoría (en el supuesto caso de que, por fin, se lleve a término) se beneficiará la sanidad en su conjunto y, por ende, la ciudadanía, pues de ella podrán extraerse o sacarse prácticas provechosas, útiles, siempre que no se use el mentado examen exhaustivo como arma arrojadiza política.
Los españoles (ellas y ellos) nos hemos cansado de escuchar decir a nuestros representantes políticos (de todo signo ideológico o condición, dentro del arco parlamentario, sin excepción) que España tenía una sanidad de las mejores del mundo. Bueno, pues estaban en lo cierto, tenían razón. Conjeturo que eso no es una añagaza propagandística, propia de las que solía pergeñar y propalar Joseph Goebbels, no, sino una verdad como un templo, sin controversia posible, apodíctica (servidor, como es un ser bien nacido, se muestra agradecido y reconoce, sin ambages, por ejemplo, lo obvio, que está vivo, escribiendo ahora estos renglones torcidos aquí, en un ordenador de la biblioteca pública de Tudela, gracias a sus excelentes profesionales, extraordinarios cirujanos, competentes especialistas, enfermeros, técnicos y auxiliares, hembras y varones, etc., que prestan sus servicios en los diversos sistemas sanitarios autonómicos del país), pero (sin ánimo de sentar cátedra, acaso abundemos una legión, de doctos o duchos y legos en el tema, en esta intuición compartida) no estaba preparada para soportar ese tsunami que ha sido (y aún es, pero hoy, a pesar de los casi seiscientos rebrotes activos, estamos en otra situación, sobre aviso, aunque hay por ahí mucho irresponsable suelto) la pandemia de la covid-19.
No creo que nadie sensato pueda ver con malos ojos la iniciativa de remedar a la Organización Mundial de la Salud, que ha encargado una investigación detallada e independiente de su propio proceder durante la pandemia. Tal vez lleguemos, entre otras, a estas dos (que tengo la corazonada o presiento serán coincidentes) conclusiones, que tanto la OMS como la sanidad española pecaron de imprevisión y actuaron tarde.
Ángel Sáez García
