En este caso, hablamos del pago de una fianza “obligada” de 300€ para poder ser socio del coto de caza de Tudela. Cuando uno se dispone a ser socio del coto, no se le informa de que es un contrato de arrendamiento y de que, debe de estar enterado de la ordenanza municipal al respecto para darse de baja o mantenerse.
El desconocimiento y falta de informacion puede según el ayuntamiento producir incluso la via de apremio del pago aunque no se haya producido ni aprovechado el servicio. Además de ser una fianza abusiva, queda no recogido en la ley de recaudación de las administraciones públicas “las fianzas” como métodos de ingresos.
En Madrid, han tenido que insertar una coletilla debajo de las ordenanzas municipales que “no exime de culpa el desconocimiento” al no ser una ley o decreto algo que aquí no se ha hecho. Fuera como fuere, mal esta esta norma impuesta por el anterior equipo de gobierno en Tudela, pero peor esta, que el nuevo la ha mantenido.
Numerosas jurisprudencias hay del defensor del pueblo contra fianzas sobre bienes contrastados como vados etc. con devoluciones integras bajo supervisión sin límite de tiempo, como en la q18/238 en Pamplona.
Recientemente, el defensor del pueblo navarro, aconseja según documento: Q20/739 devolver esta fianza a un tudelano que antes de los cuatro años ,tuvo que dejar de cazar por motivos profesionales y este ayuntamiento desoyendo tal petición ,se adjudicó la fianza. Esta, es una muestra clara de la calidad del gobierno actual en Tudela que en vez de facilitar las cosas al ciudadano, le hacen ir a la reclamación via judicial. Establecer una fianza de un importe tan elevado para obligar al vecino de Tudela a permanecer como socio de los cazadores de Tudela, es algo del todo “único” cuando en los demás servicios municipales no se practica o con una cuantía mínima.
Al final, solos los jueces decidirán si estas fianzas son legales, teniendo que poner primero el damnificado los recursos económicos de su bolsillo, no así en el otro lado, contando con el heraldo público y sus servicios jurídicos.
