Estamos una vez más, asistiendo a la antítesis del control administrativo y jurídico de las escrituras de tierras sobre todo, en la ribera. Que después de varias transacciones de compra venta entre particulares y dando fe los notarios de no tener cargas ni económicas ni sociales de ningún tipo, vengan y te digan del ayuntamiento de turno en este caso, que esa tierra es comunal y que no se puede hacer nada en ella es muy grave, pero peor es que el gobierno de Navarra, se base para decir que es comunal, en un estudio que hizo la universidad de Zaragoza. ¿No tiene navarra historiadores ni universidad que se recurre a una fuera del patrimonio? ¿De qué sirven los archivos registrales y la unidad de ordenación registral y patrimonio?
Los ayuntamientos se escudan en la futura llegada del canal de navarra para defender, que la mayoría de escrituras de propiedad son comunales algo que de por si necesita un enjuiciamiento civil. Mientras, los afectados que compraron tierras no pueden realizar proyectos en ellas ya que la afectación de término comunal, restringe cualquier tipo de acción que no sea agrícola. El notario, da fe de cargas y que mayor carga que saber si es comunal o no ya condiciona drásticamente su uso. Un informe de parte de una universidad de fuera de la comunidad, no puede ser la respuesta a un problema de dimensiones inimaginables.
Se deberá de crear una plataforma de afectados para en conjunto, defender algo que fue en términos legal y que ahora cambia de forma para una posible expropiación forzosa, muy por debajo del precio de compra. Una vez más, paga el de siempre para mantener unos departamentos en contra de los aprovechamientos naturales y de la generación de riqueza local.
