Patxi Zabaleta, miembro fundador de la Mesa Nacional de Herri Batasuna, el que fuera el brazo político de la banda terrorista ETA, antes de que esta dejase de asesinar, solicitó que abandonase la lucha armada y se convirtiese en una organización civil. La primera premisa ya se ha cumplido ante los ojos de la sociedad, pero cabe preguntarse si también la segunda ha tenido cumplimiento. Conocer la respuesta a esta cuestión parece crucial porque el crimen organizado está alcanzando con la globalización una poderosa estructura con conexiones en todos los ámbitos y la CAV y Navarra lamentablemente, no se han quedado al margen, sino que muy al contrario, como es propio de un país industrializado, moderno y con un alto desarrollo tecnológico, España comparte los problemas de la civilización occidental.
Que ETA abandonase la lucha armada no significa ni mucho menos que el sector que justificaba el tiro en la nuca y el coche bomba haya sentido la llamada de los valores plausibles, del deseo de bondad y beatitud, sino que responde a un cambio de estrategia, no a un convencimiento de que la legalidad haya que cumplirla. Observamos diariamente que un sector de la sociedad está dispuesto a saltarse la Ley con la justificación de que se delinque contra el constitucionalismo, aunque no se oigan ya los disparos ni las bombas. Existe un sector social, que abarca todos los campos del mundo profesional y empresarial, que justifica que se infrinjan las leyes si el perjudicado es un constitucionalista o simplemente no es abertzale o incluso si no comparte su estrategia delictiva. Por lo tanto, como se puede suponer que existe un alto grado de coordinación entre sus miembros, cabe concluir con que ETA en efecto se ha convertido en una organización civil dedicada a frustrar los proyectos de quien no comparte su disparatada idea de patria vasca y que existe como hasta ahora un amplio sector social, bien organizado y estructurado, que ampara esos delitos y que está dispuesto a cometerlos y que incluso se siente predispuesto u obligado a realizar este tipo de actos ilegales. Probablemente, en el caso de ser pillados in fraganti, hallen la justificación de sus actos malvados, ante los ojos de sus correligionarios y de sí mismos, de que delinquen por patriotismo, aunque en definitiva obtengan un provecho material de eso o impidan que sus adversarios prosperen, enmascarando la pura y dura competitividad corrupta con una capa de pátina política.
Ya va siendo hora de que las autoridades se quiten el velo de los ojos y empiecen a perseguir a todos estos delincuentes que infringen las leyes, tanto más cuanto que, tal vez conscientes de que la unión de Navarra y el País Vasco y mucho más la independencia de Euskal Herria, son objetivos inalcanzables, como decía la canción de un conocido cantante abertzale, solamente se dedican a joder al resto. Que Hacienda como institución comenzase por investigar a determinadas empresas y particulares de marcado acento abertzale sería un buen comienzo para desmontar esa trama cuya finalidad es perjudicar a los constitucionalistas y causar un gran daño a la convivencia democrática. Máxime que el grado de infiltración en las Administraciones Públicas de la Comunidad Autónoma Vasca y de la Comunidad Foral de Navarra de este tipo de delincuentes es tremendamente alto, lo que causa un grave perjuicio al funcionamiento de la Administración como estructura dedicada a servir a la ciudadanía y a facilitarle todo tipo de gestiones, que se ven ralentizadas y muchas veces denegadas y frustradas arbitrariamente cuando, además, existe un porcentaje significativo de abertzales que se posicionó en contra del final de la violencia terrorista y que está dispuesto a todo en orden a alcanzar sus objetivos. En cualquier caso, apreciamos también en el entramado abertzale una especie de descreimiento, de escepticismo malsano, de conciencia de la propia derrota que lleva a sus correligionarios a una corrupción autoasumida e inevitable.
