Piden 55 años de cárcel para seis acusados de estafar 271.000 euros a empresa

Archivo - Palacio de Justcia de La RIoja, juzgados de Logroño

Detalle del proceso judicial

El juicio está programado para el próximo lunes 11 de mayo en el Tribunal Superior de Justicia de La Rioja. La Fiscalía ha solicitado una condena total de 55 años de prisión para seis acusados, involucrados en delitos de estafa, insolvencia y falsedad documental. Estos hechos están vinculados a la creación de varias empresas que realizaron compras de materiales cuyo importe superó los 271.000 euros, sin que abonaran los pagos correspondientes. Además, las sociedades declararon un domicilio social falso.

Según el documento presentado por el Ministerio Público, la causa se remonta al 26 de enero de 2004, cuando dos de los imputados fundaron una empresa en calidad de socios. En 2006, tres individuos más se sumaron como administradores conjuntos de dicha compañía. Ese mismo año, los dos fundadores establecieron otra sociedad, la cual administraron inicialmente junto con la primera empresa. Un año después, sus tres compañeros también comenzaron a administrar esta segunda sociedad.

Contexto de los delitos imputados

Durante 2009, los acusados realizaron adquisiciones de materiales a una compañía externa con un valor total de 271.725,90 euros. Para cubrir las compras emitieron diversos pagarés que finalmente fueron devueltos, evidenciando la falta de pago. En agosto de ese año, conscientes de la precaria situación económica de las sociedades, vendieron las participaciones sociales al último implicado por un valor simbólico de 1.000 euros para evitar posibles embargos sobre sus bienes.

El Ministerio Público señala que ambas empresas registraron un domicilio social inexistente en Madrid, al igual que la dirección del último acusado, lo que agrava la situación. Estos hechos motivan la imputación de delitos por estafa, insolvencia y falsedad de documento público.

Petición del fiscal y responsabilidades civiles

Para cinco de los acusados, el fiscal propone una condena de cinco años de prisión por estafa, tres años adicionales por insolvencia y otros dos por falsedad documental. Al último acusado no se le imputa el delito de estafa, pero se le solicita tres años de cárcel por insolvencia y dos por falsedad.

Además, se establece que los seis deben responder de forma conjunta y solidaria por una indemnización de 271.725,90 euros a la empresa afectada por las compras impagadas.

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