El defensor del Pueblo advierte que la brecha de desigualdad "sigue creciendo"
- Crece la desigualdad social
- Aumento de quejas en derechos sociales
- Problemas en la sanidad y educación
- Retos en vivienda e integración social
- Deficiencias en la administración pública
- Valoraciones políticas sobre el informe
Crece la desigualdad social
El Defensor del Pueblo de Navarra ha alertado sobre el crecimiento de la brecha en la desigualdad social, que no solo permanece sino que se amplía. Según ha indicado, pese a las declaraciones oficiales en sentido contrario, hay colectivos que están siendo dejados atrás, y es urgente actuar para garantizar la verdadera aplicación de los derechos sociales.
Este análisis forma parte del informe anual de 2025 presentado ante la Comisión de Régimen Foral del Parlamento de Navarra, donde se recogen miles de casos de personas que no sienten un trato adecuado o un reconocimiento efectivo de sus derechos por parte de las administraciones públicas. Según el defensor, estos casos demuestran que la desigualdad no solo persiste sino que sigue en aumento, un hecho que constituye un mal síntoma para el futuro de la sociedad y, especialmente, para los grupos más vulnerables.
Aumento de quejas en derechos sociales
En el año 2025, la institución realizó 5.654 actuaciones, lo que supone un aumento del 19,7% respecto a 2024. El mayor número de quejas correspondió al área de Derechos Sociales, con 284 reclamaciones, un incremento del 53% en comparación con el año anterior.
Entre las principales problemáticas se encuentran las demoras en la valoración de la discapacidad, que superan el año y medio y tienden a aumentar. Se subraya la necesidad de aplicar medidas urgentes para aliviar la acumulación de expedientes, similar a las acciones excepcionales implementadas durante la pandemia para tramitar ERTE.
Problemas en la sanidad y educación
En el ámbito sanitario, las quejas ascendieron a 264, un 31% más que el año anterior. Las principales quejas están vinculadas a las listas de espera en atención especializada y a las demoras para obtener citas en Atención Primaria, aunque muchas veces se solucionaron sin necesidad de resoluciones formales.
En educación, se mantuvo el nivel de quejas con 124 reclamaciones, una cifra similar a la del año previo. Estas quejas abarcan temas como los servicios de transporte y comedor escolar, criterios de admisión, prácticas de Formación Profesional y el apoyo insuficiente para el alumnado con necesidades especiales.
Retos en vivienda e integración social
Las quejas relacionadas con la vivienda crecieron un 16%, alcanzando las 102 denuncias. Se destaca la dificultad para acceder a un piso y una creciente sensación de impotencia al conocer las situaciones personales de quienes solicitan ayuda sin recibir respuesta efectiva.
Se denuncia la presencia de racismo inmobiliario y un cierto rechazo social hacia familias vulnerables, lo que genera una desigualdad flagrante. El mayor desafío que enfrenta la sociedad actualmente es la integración social, clave para evitar tensiones y favorecer la convivencia basada en los derechos humanos y el respeto a la diversidad.
Deficiencias en la administración pública
El informe también resalta problemas en el derecho a una buena administración, como la existencia de burocracia defensiva y falta de empatía. Se mantiene el requisito de cita previa sin respaldo legal, se evidencian problemas derivados de la brecha digital y la dificultad para entender normas, así como una casi inexistente cultura de disculpas o prácticas restaurativas para la ciudadanía.
Valoraciones políticas sobre el informe
Desde UPN, su portavoz criticó la falta de reacción de los gobiernos frente a los datos presentados y señaló que las políticas actuales no protegen adecuadamente los derechos sociales. El PSN valoró positivamente el rol del Defensor como contrapeso en la defensa de los derechos de la ciudadanía.
EH Bildu destacó el trabajo humano y cercano de la oficina y reconoció que las quejas reflejan las preocupaciones sociales sobre dependencia y salud. Geroa Bai resaltó el incremento en actuaciones y el problema que supone la falta de atención presencial para personas mayores frente a la administración digital.
Por su parte, el PPN valoró el crecimiento del Defensor como referente en la defensa ciudadana y el aumento de casos por vulneración de derechos. Contigo-Zurekin apuntó a las tensiones en servicios sociales causadas por el envejecimiento y los retos migratorios, vinculándolos al aumento de quejas.