- Regularización de inmigrantes en Zaragoza
- Crisis y repercusiones del real decreto
- Balance del proceso y críticas al Gobierno
Regularización de inmigrantes en Zaragoza
La consejera municipal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha informado que a partir del próximo lunes 27 de abril, la centralización del proceso de regularización de inmigrantes se trasladará a la Casa de las Culturas. Este espacio ha sido designado como el centro de referencia para estas personas y para gestionar las citas será necesario llamar al teléfono 900 700 107, disponible en horario de mañana y tarde.
Durante su intervención en la Comisión de Políticas Sociales, Orós explicó que se ha realizado una recopilación rigurosa de la información proveniente de los registros de entrada con el fin de organizar las citas de forma sistematizada. Además, desde ese día se comenzarán a emitir informes de vulnerabilidad con garantías y respaldo técnico.
Este dispositivo contará con un refuerzo de los servicios sociales municipales, aunque la consejera aclaró que el Ayuntamiento no tiene intención de bloquear ni de afectar negativamente la prestación de estos servicios esenciales para la comunidad.
Crisis y repercusiones del real decreto
Orós aseguró que no se puede permitir que la mejora en el cumplimiento de la ordenanza referente a los tiempos de cita se pierda por un proceso caótico que provoca retrasos en ayudas de urgencia y otros servicios, los cuales podrían verse afectados con esperas prolongadas. Subrayó que esta situación se está replicando en todas las ciudades de España, dado que los ayuntamientos enfrentan dificultades similares y han expresado sus quejas de forma conjunta.
La Policía Nacional también ha alertado sobre el real decreto de regularización extraordinaria, indicando que ha originado numerosas irregularidades, entre ellas la presencia de mafias que cobran desde 300 hasta 600 euros por otorgar citas. Además, la sección de Extranjería está en huelga indefinida y Correos, dependiente del mismo equipo del Gobierno de España, ha declarado no tener información suficiente para gestionar el proceso. Sindicatos como CCOO han manifestado la imposibilidad de llevar adelante la regularización debido a la falta de datos claros.
Segun Orós, el objetivo real de este decreto parece no ser la regularización para facilitar el acceso al empleo de las personas que ya residen en España. También señaló un efecto llamada, con personas que llegan desde países como Inglaterra, Francia e Italia.
Balance del proceso y críticas al Gobierno
La consejera realizó un repaso a la gestión del proceso, calificándola de falta de control y planificación, que ha generado caos y frustración tanto para los ayuntamientos como para las personas que necesitan regularizar su situación, ejemplificado en la plaza del Pilar con una sensación generalizada de engaño.
Orós también criticó al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por partir del supuesto apoyo de una Iniciativa Legislativa Popular para aprobar finalmente un real decreto que calificó de impuesto y opaco, el cual se hizo público apenas el 15 de abril. Destacó además la opacidad del Ejecutivo, mencionando una carta enviada en febrero al delegado del Gobierno en Aragón, que fue respondida con una negativa a facilitar información al considerar la petición fuera de competencia.
Según la consejera, el decreto establece esperar un modelo específico para el proceso, pero a los días se recibió un documento que pedía acreditar la situación administrativa irregular del extranjero mediante un funcionario municipal, algo que no es posible realizar. Posteriormente, el seguimiento de instrucciones descoordinadas evidenció un manejo informal y falta de previsión.
Orós concluyó que de haberse gestionado con orden y seriedad, las autoridades no habrían dejado a los ciudadanos y a los medios enterarse únicamente por el BOE y correcciones posteriores anunciadas justo el lunes siguiente a la publicación.
Estos días han incluido el envío de un requerimiento para obtener respuestas claras del delegado del Gobierno en Aragón y la puesta en marcha del operativo para ejecutar el real decreto. La consejera también destacó un informe del Consejo de Estado, presidido por la socialista Carmen Calvo, que calificó como demoledor y recomendó su lectura detenida.
