La auditoría externa de Sendaviva descarta fraccionamiento, pero Intervención lo aprecia: claves del informe
El Gobierno de Navarra ha situado en el centro del debate la gestión de varias actuaciones realizadas en el parque Sendaviva durante 2023, financiadas con una subvención pública canalizada a través del entonces Instituto Navarro del Deporte. La consejera de Cultura, Deporte y Turismo, Rebeca Esnaola, ha comparecido en el Parlamento para detallar el contenido de distintos informes y su alcance administrativo.
En su exposición, se ha distinguido entre las conclusiones de una consultora externa, contratada por Parquenasa, y el criterio de la Intervención General. Mientras el análisis privado no aprecia un fraccionamiento de contratos, el órgano de control del Ejecutivo foral entiende que existen señales que elevan el nivel de riesgo.
El asunto se enmarca, además, en un escenario de revisión de expedientes de subvenciones, en la apertura de diligencias judiciales y en el anuncio de que se impulsarán los pasos necesarios para transformar Parquenasa en sociedad pública, una medida vinculada a recomendaciones de fiscalización previas.
- Contratos y actuaciones en Sendaviva
- Informes encargados a PKF
- Criterio de Intervención General e INDAF
- OANA y procedimiento judicial
- Pasos para la publificación de Parquenasa
- Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Contratos y actuaciones en Sendaviva
Esnaola ha informado sobre el resultado de los documentos elaborados por la consultora PKF, relativos a los contratos formalizados por Parquenasa en 2023 con cargo a la subvención aportada por el Ejecutivo navarro. Según ha precisado, el desarrollo de los contratos se extendió entre 2023 y 2024.
Las actuaciones citadas abarcan el acondicionamiento de viales de servicio; la construcción del nuevo edificio de acceso al parque; la adecuación de la urbanización en la entrada; la urbanización de la plaza y la cimentación de la atracción denominada ‘Caída libre’; y la edificación de la granja junto con la zona de actividad lúdica.
En una comparecencia previa ante la misma comisión, en noviembre, la consejera ya había señalado que estaba pendiente el informe de fiscalización que Parquenasa había solicitado a PKF Attest Servicios Profesionales.
Informes encargados a PKF
La consejera ha explicado que a PKF se le encomendaron dos trabajos diferenciados: por un lado, un análisis sobre la preparación y adjudicación de los contratos, con el objetivo de determinar si existía o no fraccionamiento; y, por otro, un análisis sobre la ejecución, orientado a revisar cuestiones como las desviaciones económicas.
En el primer encargo, la consultora concluye que no aprecia fraccionamiento. En la exposición realizada, esa conclusión se apoya en la consideración de que se trataba de unidades funcionales independientes, de modo que la ejecución de una no condicionaba la del resto. Asimismo, se ha trasladado que ninguna intervención era imprescindible para materializar otra.
En el segundo documento, referido a desviaciones presupuestarias, PKF menciona la validación de las desviaciones como indispensables, salvo en la última actuación (granja y zona lúdica), donde identifica modificaciones solicitadas por la propiedad por un importe de 3.258 euros.
Criterio de Intervención General e INDAF
En paralelo, la Intervención General comunicó el 10 de octubre de 2025 que se encontraba revisando los expedientes vinculados a las subvenciones concedidas a Parquenasa en 2023 y 2024. En esa comunicación se indicó que quedaba pendiente la emisión del informe de cierre correspondiente a la subvención de 2023, para lo que se requirieron aclaraciones.
De acuerdo con lo expuesto, la Intervención señaló que la subvención de 2023 fue liquidada mediante una resolución del INDAF de fecha 31 de diciembre de 2024, y que dicha resolución no pasó por fiscalización, por lo que procedía elaborar un informe de omisión de fiscalización.
Posteriormente, el 11 de diciembre de 2025, la Intervención General emitió ese informe de omisión. En él se recoge que la unidad gestora había corregido las deficiencias indicadas en octubre, pero, tras el análisis de la documentación, se considera que la actuación constituye un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido. Además, por esas irregularidades, se concluye un incumplimiento parcial de la subvención, aunque también se reconoce que la ejecución material se realizó correctamente.
El informe insta al INDAF a iniciar un expediente de reintegro, cuantificando el impacto económico del incumplimiento observado. También se señala que, si la unidad gestora entiende que no corresponde iniciar dicho expediente, este deberá elevarse al Gobierno de Navarra para su resolución.
La consejera ha sintetizado este punto destacando que, pese a los análisis de PKF y al informe del INDAF que apuntan a la inexistencia de fraccionamiento, y pese a los informes del project manager que explican las actuaciones, la Intervención General aprecia indicios y requiere atender el inicio de un reintegro parcial, dado que la correcta ejecución material no elimina las observaciones formuladas en el plano administrativo.
OANA y procedimiento judicial
En relación con las actuaciones, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) notificó el 5 de febrero la suspensión de su procedimiento de investigación. La causa indicada fue la existencia de un procedimiento de diligencias previas tramitado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona nº 5, relativo a los mismos hechos.
Pasos para la publificación de Parquenasa
En otro plano, Esnaola ha afirmado que el Gobierno va a iniciar las acciones necesarias para convertir Parquenasa en sociedad pública. Según ha señalado, esta decisión también responde a una recomendación incluida por la Cámara de Comptos en su informe de 2023, un extremo que, además, se recuerda en el informe de fiscalización de la Intervención General correspondiente a 2024.
Posicionamiento de los grupos parlamentarios
Desde UPN, Javier Trigo ha sostenido que la comparecencia no ha disipado dudas sobre posibles ilegalidades. A su juicio, las explicaciones ofrecidas no responden a las cuestiones planteadas por la OANA, y ha añadido que, aunque pudo no existir conocimiento completo de todos los procedimientos, ello no elimina la responsabilidad política.
Ibai Crespo, del PSN, ha defendido que los informes aclaran dos aspectos que, en su opinión, se han intentado presentar como un escándalo sin pruebas. En primer lugar, ha remarcado que las actuaciones se corresponden con proyectos técnicos diferenciados y que no hubo troceo. En segundo término, ha señalado que las variaciones económicas se describen como indispensables.
Adolfo Araiz, de EH Bildu, ha considerado preocupante que existan diligencias penales abiertas en las que se contemple la posibilidad de un delito por fraccionamiento indebido. También ha subrayado su sorpresa por la existencia de un informe de la Intervención General asociado a un procedimiento de omisión de fiscalización.
Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha calificado la situación como delicada debido a la judicialización del asunto y ha indicado que corresponde esperar a la respuesta judicial. Sobre los informes de auditoría externa, ha manifestado una valoración positiva en relación con la información disponible.
Desde el PPN, Maribel García Malo ha insistido en que se trata de un asunto relevante y judicializado. Ha defendido que no responde a un planteamiento caprichoso de la oposición, aludiendo a que la OANA apreció indicios de veracidad en la denuncia presentada por UPN sobre posibles fraccionamientos, y ha criticado que el contenido de los informes haya tenido poco peso en la intervención de la consejera.
Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha enmarcado el debate en un cambio del modelo de financiación, que ha calificado como considerado inadecuado en su momento. Ha añadido que, con el modelo anterior, no se habría producido una discusión equivalente porque, según su planteamiento, no existirían las mismas garantías.
En el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha interpretado que el anuncio sobre la publificación pretende desviar la atención, y ha afirmado que su formación entiende el informe y sus conclusiones de forma distinta. También ha sostenido que no se trata de una auditoría, sino de un procedimiento acordado, y ha remarcado que la propia empresa indica que no constituye una auditoría.