Es sabido que durante el juicio de Nuremberg los nazis se defendieron de las acusaciones de haber perpetrado horribles crímenes diciendo que cumplían órdenes. No les valió esa defensa, y desde entonces en las democracias está muy claro que un gobernante demócrata no puede dar órdenes ilegales, y que a su vez un subordinado demócrata tampoco puede cumplirlas.
¿Por qué recordar esto? Porque se ha hecho pública (miércoles 31 de marzo) la sentencia de un juez anulando por ilegal la destitución que Marlaska (con “c” antes de ser amigo de Bildu) impuso al coronel de la guardia civil De los Cobos por orden de Sánchez. Ilegal porque -dice el juez- la destitución se debió a que el coronel se negó a cometer una ilegalidad: la de desvelar el secreto de las investigaciones que la Guardia Civil estaba realizando en un sumario que instruía una juez. Según la directora de la Guardia Civil María Gámez, “la decisión (de cesar al coronel) está tomada por Moncloa”, o sea que fue Sánchez el que actuó de manera doblemente ilegal: primero al conocer y aprobar la orden de hacer algo ilegal, enterarse del secreto del sumario; y después, al dar la orden ilegal de cesar a De los Cobos. Por su parte Marlaska y la directora de la Guardia Civil actuaron también de manera doblemente ilegal: primero cumpliendo la orden ilegal de Sánchez de intentar desvelar el secreto del sumario; y después cesando ilegalmente al coronel. El único que cumplió la ley fue De los Cobos, y por eso fue ilegalmente cesado.
Si desde el nazismo está claro que un gobernante demócrata no puede dar órdenes ilegales y que un subordinado demócrata no puede cumplirlas, la conclusión es evidente: como Sánchez, Marlaska, y la directora de Guardia Civil han hecho todo eso, no se han comportado como demócratas, sino de forma similar a los nazis. Y que el único demócrata ha sido de los Cobos. Si a esto le añadimos que el gobierno de Biden acaba de publicar un informe advirtiendo de que el gobierno sanchista ataca la libertad de prensa, y si seguimos añadiendo que ese gobierno busca controlar la justicia y mermar o acabar con la independencia del poder judicial, y también que trata de eludir el control del ejecutivo por el legislativo, y además que intenta debilitar otro de los pilares del Estado, la Monarquía, parece indudable que, con Sánchez en la Moncloa, la democracia en España peligra gravemente, o peor aún que apenas existe. La prueba es que no ha habido ninguna dimisión ni cese. La ilegalidad campa a sus anchas. Alguien se ha preguntado con razón cómo se puede poner el recuento de las próximas elecciones del 4 de mayo y las posteriores en manos de Sánchez y de Marlaska, personajes mentirosos y como hemos visto dispuestos a saltarse la ley. ¿Cómo no temer ocurra aquí lo mismo que en Venezuela, el gobierno amigo del sanchismo? Habría que pedir observadores internacionales.
Recordemos ahora al watergate. ¿Qué ocurrió? Que el presidente Nixon ordenó el espionaje ilegal a un partido político. El juez investigó y declaró que se había cometido esa legalidad y Nixon se tuvo que irse a su casita. ¿Qué ha ocurrido aquí? Que Sánchez dio a Marlaska la orden ilegal de espiar ilegalmente no a un partido político, sino -parece más grave- a un juez en el ejercicio de su función. Y añadió la orden de destituir ilegalmente a un subordinado por haber actuado legalmente. ¿Cómo no estalla aquí otro watergate? ¿Cómo es posible que Marlaska y la directora de la Guardia Civil no hayan sido destituidos? Porque la democracia en España tiene con el sanchismo pésima salud.
