Opinión

UpyD contra el copago

UPyD está en contra del copago porque obligaría a pagar prestaciones a pacientes que no abusan del sistema (la mayoría) y pueden tener rentas bajas. Y Cobrar pequeños importes en servicios como urgencias (el llamado “copago disuasorio”) puede implicar más costes de gestión que el ahorro que realmente supone.

En todo caso, no es razonable que los medicamentos salgan gratis por el simple hecho de ser jubilado mientras, que un mileurista con una hipoteca tiene que pagar el 40% del precio total. UPyD propone en su programa electoral modificar el copago farmacéutico para que no sólo se tenga en cuenta la vinculación con la seguridad social a la hora de financiar las recetas, sino también la renta, si el paciente es crónico o si se trata de un paciente polimedicado.

UPYD garantizará que todos los ciudadanos tengan las mismas prestaciones sanitarias al margen de la comunidad autónoma donde residan Unificando la cartera de servicios. Hoy en día hay una cartera básica que las CCAA pueden ampliar, lo que genera desigualdades entre los ciudadanos.

El Consejo Interterritorial de Salud tendrá como función coordinar el Sistema Naciona de Salud (SNS) con el liderazgo del Ministerio. Hoy en día para aprobar decisiones en el CI es necesaria la unanimidad y sus acuerdos no son vinculantes. Creemos que hay que modificar el proceso de toma de decisiones y que éstas deben ser vinculantes. Por ejemplo, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no se requiere unanimidad.

UPyD propone devover las competencias de Sanidad al Estado, ¿homogeneizarán los servicios prestados en todas las CC.AA.? ¿Tomarían como referencia las comunidades con más prestaciones, como Andalucía?

El “café para todos” puede acabar llevándonos al “café para ninguno”. En determinadas CCAA con poca población infantil, es “barato” ampliar prestaciones a los niños, por ejemplo. En CCAA con un régimen fiscal privilegiado como Navarra y País Vasco, se pueden financiar más prestaciones, de modo que unos españoles reciben más que otros por sus mismos impuestos.

Abogamos por una cartera de servicios única para todo el Estado. Probablemente esto implique que algunas CCAA ampliarían sus prestaciones y otras las reducirían. La cartera de servicios debe quedar fuera del marketing político.

Financiación.- La Sanidad se financia fundamentalmente por el Fondo de Garantía de Servicios Públicos y el Fondo de Cohesión. El Fondo de Garantía aglutina también la Educación y los Servicios Sociales. El problema que ha habido es que al no ser finalistas dichos fondos la CCAA no siempre los han dedicado para lo que en teoría estaban destinados. Una adecuada coordinacion del Esado garantizará que: a) todos los españoles reciban unas prestaciones sanitarias homólogas, y b) que los fondos que se transfieren a cada CCAA para su gestión se inviertan en la prestación del servicio sanitario y no puedan desviarse a otras finalidades distintas.

UPyD propone la retrocesión de las competencias normativas y de coordinación en sanidad, lo que no implica que la gestión no siga siendo descentralizada. Basta mirar cualquier aspecto de nuestro SNS (historia clínica, receta electrónica, calendario vacunal…) para darse cuenta de que con su estructura actual es ingobernable. El objetivo es garantizar la cohesión y equidad.

Deuda Sanitaria/ Sostenibilidad

Lo que estamos viendo es que no es posible mantener 17 sistemas de salud totalmente descontrolados porque inevita lemente duplican gastos inútilmente, y porque además, son ineficientes, descoordinados e injustos.

La sostenibilidad del sistema a largo plazo pasa por lograr: a) transparencia en la gestión (reconocer la deuda real con proveedores), b) mejorar la eficiencia (profesionalizar la gestión, recuperación de competencias por el Ministerio para promover la gobernabilidad del sistema) y c) modificar la financiación a las CCAA para que la mayor parte de los fondos destinados a Sanidad sean finalistas.

Lo primero es conocer realmente la deuda (hoy por hoy los únicos datos publicados provienen de los proveedores).

En segundo lugar, son necesarios presupuestos sanitarios realistas (en Madrid, por ejemplo, el presupuesto inicial de la Consejería de Sanidad para el 2012 es menor que el presupuesto final que tuvo en el 2010).

Es preciso por eso que haya una competencia estatal única sobre la normativa que unifique las prestaciones, y que análice la gestión y coordine el gasto sanitario.

Navarra

En Navarra el Gobierno foral, que cuenta con una financiación un 75% superior a la media de las CCAA de régimen común, está realizando una precipitada politica de recortes.

El gobierno los ha justificado de este modo: “al ponerlos en manos de empresas especializadas, redundará en la mejora de la calidad, la eficiencia y la modernidad”, mencionando la existencia de errores que no se habían denunciado antes y que no se cuantifican.

Pero esto es una petición de principio. Puede ser que si y puede ser que no. No tenemos prevención contra una reorganización, pero si era tan necesaria, la primera pregunta es: ¿por qué no se ha hecho antes? y la segunda es: ¿realmente hay un sobrecoste evitable o una mala calidad en el servicio que justifique ambas medidas?

La Cámara de Comptos en su informe 2011/28 sobre la política de subcontratación de Servicios, dejó expresada la falta de un adecuado estudio de los costes que implicaba, de modo que no se sabe si tales contratos estaban justificados.

En este caso, tampoco se han divulgado los estudios que demuestren el ahorro en la centralización de los servicios de laboratorio y la externalización del servicio de cocina, (contra los que, insistimos, no estamos en contra en principio).

Nos preocupa observar que se acuda a recortes urgentes y de rentabilidad ignota en servicios sensibles como la Educación y la Sanidad, en vez de reducir costes en aspectos no esenciales y donde la duplicidad del gasto es evidente, como la estructura administrativa local (suprimir los concejos y reducir 272 ayuntamimientos supond´ria un ahorro de casi 100 millones de euros al año) o instituciones inútiles como el defensor del pueblo, y vender las empresas públicas que no tienen objeto.